Un año después de que dos ex presidentes de la Junta de Andalucía y diecisiete ex altos cargos fuesen condenados por el mecanismo que articularon para ayudar a empresas en crisis, uno de ellos ha fallecido pero la macrocausa de los ERE sigue viva en el Supremo, la Audiencia de Sevilla y otro juzgado.

En los 366 días -el 2020 es bisiesto- que mañana habrán transcurrido desde el 19 de octubre del 2019, cuando la Sección Primera de la Audiencia Provincial dictó una sentencia histórica contra los gobiernos socialistas de Manuel Chaves y José Antonio Griñán, el caso mira a Madrid, destino de los recursos de casación presentados por todas las defensas con la vista puesta en un posible fallo definitivo ya bien avanzado el 2021, aunque el eje principal continúa en la capital de Andalucía.

Aquí continúa el Juzgado de Instrucción número 6 investigando las ayudas públicas que recibieron centenares de empresas de toda la comunidad, aquí se ha empezado a celebrar el segundo juicio de la macrocausa y aquí, como trasfondo clave, persiste el debate judicial sobre si los condenados deben ser juzgados de nuevo o no.

Sólo hay uno que ya no lo será, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, que falleció por una neumonía el pasado 11 de octubre, pero los otros ex altos cargos que, como él, ya estaban condenados y habían sido procesados por las ayudas a Aceitunas y Conservas (Acyco) no se han beneficiado del principio non bis in ídem, que impide enjuiciar a una persona dos veces por los mismos hechos, por lo que de nuevo se ven ante un tribunal.

Ese desenlace, inesperado para más de un abogado, ha puesto al descubierto las discrepancias jurídicas que existen entre las cuatro secciones de lo Penal de la Audiencia hispalense respecto a la exclusión o enjuiciamiento de los condenados en la pieza política.

La Sección Primera ya avisó en su día de que el objeto del macrojuicio no eran las ayudas a cada empresa, sino el procedimiento específico articulado por la Junta para concederlas, y la Sección Tercera ha ratificado que la ayuda concreta que recibió Acyco no fue valorada penalmente hace un año, por lo que no hay non bis in ídem que valga a pesar de que los fondos provengan de la partida 31-L, investigada y enjuiciada en la pieza política.

La Sección Séptima, en cambio, sí está aplicando ese principio y sistemáticamente está resolviendo a favor de los condenados sus recursos en las innumerables piezas separadas que existen, una tesis aceptada por la Cuarta cuando estableció que un exviceconsejero de Empleo no sería juzgado por la ayuda a EDM-Séneca.

Al mismo tiempo que se desarrolla el juicio de Acyco, que comenzó en septiembre y debe de acabar en marzo del 2021, el juez instructor José Ignacio Vilaplana no sólo no ceja en la investigación de las centenares de ayudas concedidas, sino que ha heredado definitivamente la macrocausa de María Núñez Bolaños.

La sucesora de Mercedes Alaya, que ha permanecido de baja gran parte de este año, pactó un nuevo reparto de tareas con su juez de refuerzo después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en contra de la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, aprobase con nota su instrucción de los ERE y no la expedientase.

Reforzado en su puesto, Vilaplana incluso abrió una nueva causa contra Chaves y su mano derecha, Gaspar Zarrías, por el préstamo de 5,8 millones de euros que la Junta concedió a la jiennense Campocarne en 1999, pero esa segunda amenaza de prisión sobre el presidente andaluz que más años permaneció en el cargo ya ha sido zanjada por la Sección Séptima, que en octubre declaró prescrita la supuesta malversación.

La sentencia de la Sección Primera, que aún no es firme, condenó a Chaves a nueve años de inhabilitación por prevaricación y a Griñán a seis años y dos días de cárcel por malversación y prevaricación.

El tribunal consideró probado que ambos fueron “plenamente conscientes de la patente ilegalidad” con que su Administración, con “absoluta falta de control”, repartió 680 millones de euros entre el 2000 y el 2009.

Hubo otros nueve condenados a penas de prisión: a siete años y once meses, el ex consejero Antonio Fernández y Guerrero; a siete años y un día, los exconsejeros Francisco Vallejo y José Antonio Viera, el ex viceconsejero Agustín Barberá y el exdirector de Trabajo Juan Márquez; a seis años y medio, el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano; y a seis años, la exconsejera Carmen Martínez Aguayo y el ex viceconsejero Jesús María Rodríguez.

Inhabilitados quedaron Zarrías y la ex consejera Magdalena Álvarez, el ex viceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Vicente Lozano, los ex secretarios generales de Empleo Javier Aguado, Juan Francisco Sánchez y Lourdes Medina y el exdirector de Idea Jacinto Cañete.

Los dos únicos absueltos fueron el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del gabinete jurídico Francisco del Río.