Encargan a la Intervención de la Junta un informe sobre «doble facturación» ligada a Ojeda

El ex consejero de Hacienda de la Junta Ángel Ojeda no debe sentir ajeno ya el lenguaje judicial. Está implicado en varias causas ligadas a la formación. En una de ellas, desgajada del proceso centrado en los fondos destinados a instruir a ex trabajadores de Delphi, se investiga «la irregularidad de la obtención, pago, ejecución y justificación» de subvenciones para cursos, que podría ser constitutiva de los presuntos delitos de fraude, falsedad documental, prevaricación y malversación. Anomalías entre las que se encontraría, según se refleja en un auto del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, «posibles subcontrataciones no autorizadas» y «la creación de conceptos ficticios que permitiesen el desvío» de los fondos públicos mediante «una doble facturación fraudulenta de los profesores a través de la entidad Servicios Docentes Profesionales S. L. (Serpro)». Se analiza si aquéllos, como autónomos, «habrían podido facturar a las entidades» del entramado de Ojeda «cantidades desorbitadas» por horas de docencia y luego Serpro, una suerte de empresa «fantasma», les facturaba por supuestos servicios, consiguiendo así «el retorno» del dinero y elevar «los costes de la actividad formativa ante la Administración».

Se ha puesto el foco en siete expedientes en concreto: tres asociados a Natura, otros dos a la Asociación de Apoyo a la Integración Humanitas, uno encadenado a Forpre y el último a la Agrupación de Empresas Aeronáuticas S. L.

En los márgenes de ese proceso en el que se investiga al ex consejero andaluz desde hace unos meses, el juez José Ignacio Vilaplana ha acordado, vía resolución judicial fechada el pasado 11 de diciembre, librar oficio a la Intervención General de la Junta para que elabore un informe técnico-pericial sobre esas subvenciones que incluya una «cuantificación del posible exceso de facturación a los docentes en los curso» y una valoración «de los daños o perjuicios, en su caso, ocasionados al patrimonio y hacienda públicos», entre otros aspectos e incluyendo «la cuantificación -de manera individualizada respecto de cada expediente- de aquellas cantidades que habrían podido ser defraudadas mediante la simulación de facturación de los profesores y formadores a través de la mercantil Serpro».

El magistrado ha admitido además la personación del actual Gobierno autonómico que conforman PP y Ciudadanos como acusación particular, y la del PP en calidad de acusación popular.