Bravo no ve «razonable» que «no se escuchen» las peticiones financieras de Andalucía

«No creemos ni razonable ni justo que no se escuchen las peticiones que se hacen desde Andalucía». Es una frase pronunciada hoy por el titular de Hacienda y Financiación Europea de la Junta, Juan Bravo, tras ofrecer en el Parlamento regional una pila prolija de números. El consejero ha sostenido que es más «necesario que nunca» que se mantenga la «colaboración», la «lealtad» y la capacidad de «negociar, consensuar y acordar» entre las administraciones y ha avisado de que, lo que se haga, «bien o mal», en la comunidad en mitad de una pandemia, afectará «al conjunto de España».

Ha mantenido que el reparto de los recursos extraordinarios aprobados por el Gobierno central para paliar los efectos del coronavirus ha venido a «perpetuar» el «agravio» que la región ya sufría en materia económica, al estar infrafinanciada desde 2009, cuando se dio luz verde al actual sistema autonómico. Bravo ha recordado que la región ha recibido 2.199 millones, de los 16.000 con los que se dotó al Fondo Covid, lo que supone el 13,7% del total, pese a contar con el 18% de la población. Dicho de otra forma, a cada andaluz le han correspondido 261 euros, cuando la media de España se eleva a 340, casi 80 euros más. La Junta reclama «2.862 millones» en conjunto, con lo que faltarían 663 por ingresar.

Para 2021, el Ejecutivo estatal ha sustituido el Fondo Covid por una transferencia extra de 13.486 millones ligados al 1,1% del Producto Interior Bruto (PIB). Aún no se han fijado las claves de asignación, si bien el titular de Hacienda ha anotado que el pasado diciembre remitió al ministerio del ramo una carta con una propuesta consensuada con la Comunidad Valenciana y Murcia para lograr una distribución más equitativa del dinero.

De momento, Bravo ha firmado una declaración conjunta con cinco de sus homólogos en otros territorios, en concreto los de Galicia, Madrid, Murcia, Castilla y León y Ceuta, para solicitar la convocatoria «con carácter de urgencia» del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y abordar «un nuevo modelo de reparto para el fondo React-EU» bajo los principios de transparencia, igualdad, solidaridad y cohesión territorial.