Seis años pagando facturas y sin luz

En enero del año 2015, los vecinos de la zona norte de Granada salieron a la calle para protestar contra los constantes cortes de luz que sufrían. Han pasado seis años y el problema de los apagones está lejos de solucionarse. Al contrario, se han extendido a otras provincias como Almería y Sevilla. El perfil son barrios de familias humildes, con un alto índice de enganches ilegales al suministro eléctrico y donde prolifera el cultivo de marihuana en viviendas o trasteros.

«En el centro no se va la luz, se va en los barrios marginados. ¿Aquí quién se va a meter en un juicio?», se pregunta Rosario García, portavoz de la asociación de vecinos Su Eminencia de Sevilla, afectada desde hace «cuatro o cinco años» por cortes de luz habituales, especialmente en épocas de mayor demanda, como los meses de calor o en invierno. «Luego la factura de la luz viene puntual, y a qué precios», se queja, recordando la ola de frío de este enero, cuando han soportando apagones diarios de varias horas, sin poder poner la calefacción ni cocinar. «Se echa a perder toda la comida en el frigorífico», cuenta. No son los únicos problemas: sin luz, no hay conexión a internet, tampoco agua caliente en algunos casos; para los niños es imposible estudiar cuando anochece y hay enfermos que necesitan máquinas de diálisis o de oxígeno que ven comprometida su salud. Tampoco pueden ver la televisión o escuchar la radio.

Endesa argumenta que la potencia instalada en los entornos afectados de las tres provincias es «el doble, en comparación con la contratada». Y que realiza inversiones continuas para subsanarlo: 3,5 millones en la zona norte de Granada entre diciembre de 2019 y enero de 2021; 850.000 euros en Torreblanca (Sevilla) desde 2018 para mejorar redes de media tensión, una zona donde calculan que el 83% de la energía que se consume se hace de forma fraudulenta. Ahí se produjeron 16 intervenciones y 874 cortes de suministro por fraude el año pasado. En el Polígono Sur de Sevilla se ha invertido, según la compañía eléctrica, un millón de euros para paliar los enganches, que suponen además un problema para la seguridad porque los transformadores llegan a incendiarse –calculan que el 70% de la energía se consume de forma fraudulenta–.

En junio, se invirtieron 300.000 euros en los barrios afectados de Almería, donde la mitad de la energía la consumen viviendas sin contrato en vigor. En concreto, Endesa denuncia que en El Puche un transformador ha ardido tres veces en solo un año. En Almería, fueron 62 intervenciones y 3.748 cortes de suministro por fraude, según Endesa. Una auditoría reciente realizada por la Delegación del Gobierno de la Junta en Granada, desveló que 5.054 viviendas de las 20.000 existentes están conectadas a la red de distribución eléctrica sin contrato –uno de cada cinco vecinos de la zona norte–. El año pasado hubo 16 intervenciones contra el fraude masivo, en colaboración con la Policía, y se produjeron 874 cortes por enganches ilegales.

«No es lo mismo una persona que no tiene para pagar la luz y se engancha, que quienes lo usan para cultivar plantas de marihuana», comenta Rosario García. Por es, pide que se aumenten las inspecciones y que se atienda a las familias con mayor sensibilidad. «Cuando llamas para avisar de los cortes te dicen que es un problema de tu casa, cuando se sabe que es en toda la barriada», lamenta. La demanda relacionada con plantaciones de marihuana supera ochenta veces el consumo de una vivienda, de ahí que cuando se producen intervenciones policiales –en la última en Granada, el miércoles pasado, se inspeccionaron 125 pisos– en las semanas siguientes suelan desaparecer los apagones, hasta que vuelven a engancharse ilegalmente, según constatan desde Endesa y los propios vecinos.

Las operaciones antidroga el año pasado en la provincia se saldaron con 658 actuaciones, 160.000 plantas requisadas y 792 personas detenidas o investigadas. Muchas de ellas tienen a las viviendas públicas de la Junta como protagonistas. Ante el aumento cada año de este balance negativo, la Fiscalía General de Estado incorporó este viernes a un fiscal delegado Antidroga en Granada. La Consejería de Hacienda y Financiación Europea, con competencias en energía, mantiene que desarrolla diversas líneas de actuación para identificar deficiencias y mejorar el suministro. En Granada y en Almería se han constituido mesas de trabajo donde están presentes las administraciones –Gobierno, Junta y ayuntamientos– y Endesa; y en en el Polígono Sur de Sevilla se creó la «Mesa de la marihuana». En el caso concreto de Granada, se ha abierto expediente informativo a la empresa para aclarar las causas de los cortes y ha propuesto la creación de una unidad especial contra el fraude eléctrico. En Almería, Endesa ha contratado una auditoría externa, a petición de la Delegación del Gobierno, cuyo resultado está pendiente de analizarse este mes. El PSOE de Granada dio un paso más y denunció ante la Fiscalía la situación para que la investigue.

Todo ello sirve para hacerse una idea de la envergadura de un problema social sobre el que el Defensor del Pueblo Andaluz se pronunciará esta semana, según anunció Jesús Maeztu en el Parlamento el jueves. El horizonte es acabar con las prácticas ilegales sí, pero, sobre todo, reparar el daño que provoca a las familias que llevan hasta seis años obligadas a vivir sin luz.