El ex consejero andaluz Ojeda se sacude una causa por un curso para desempleados

El azadón no ha topado con roca penal alguna. Una de las causas en las que se implicó al ex consejero andaluz de Hacienda Ángel Ojeda giraba en torno a un curso para desempleados rotulado como «Montaje y mantenimiento de instalaciones de células fotovoltaicas» subvencionado con 55.890 euros. Se investigaba la comisión de presuntos delitos de fraude o estafa, malversación de caudales públicos, falsedad documental y prevaricación, pero se le ha dado carpetazo al proceso.

En un auto emitido desde el juzgado de Instrucción número 1 de Granada, fechado el pasado 20 de enero, se asevera que lo actuado ha permitido «comprobar determinadas irregularidades de tipo administrativo», pero «sin relevancia» en la jurisdicción penal. Sostiene el juez Basilio Miguel García que «no se cumple la condición objetiva de punibilidad establecida por el legislador para el caso del tipo del fraude de subvenciones públicas». Tampoco «pueden apreciarse indicios» de estafa puesto que el curso «fue impartido en su integridad» y «las presuntas irregularidades advertidas por la UDEF, sólo permiten sustentar sospechas o conjeturas». De igual forma, «no se puede sustentar» que existiera «un propósito previo de emplear» el dinero público «en beneficio propio» ni que no se pretendiera «cumplir con los compromisos adquiridos para obtener» la ayuda, por lo que no hay «indicios de ningún engaño y, por ende, de ninguna estafa», concluye el juez.

En su resolución, a la que ha tenido acceso LA RAZON, hace constar que se han «examinado convenientemente» las actuaciones, «desarrollándose la presente instrucción en un plazo muy dilatado, mucho más de lo deseable», a lo que ha contribuido «la desmesurada envergadura del asunto, que ha habido que compaginar con otras ‘macrocausas’», así como «las veleidades sucesivas en materia de medios personales y materiales del órgano judicial, entre otras circunstancias» que se han expuesto, «convenientemente», anota, ante «el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)». Con todo ha llegado al final de ovillo y ha dispuesto «sobreseer provisionalmente» la causa y con ello liberar a Ojeda de un lastre judicial.

El representante procesal del ex consejero, Juan Carlos Alférez, cree que «la resolución, aún tardía, está cargada de razón jurídica». «Siempre fue evidente que habiendo impartido todos los cursos y constando ello acreditado, la pervivencia del proceso carecía de sentido», traslada a este diario, e hilvana: «Por más experiencia que atesoremos en causas parecidas, nos sigue sorprendiendo los ingentes recursos públicos que se emplean en casos cuyo archivo se atisba diáfano desde los mismos albores de sus génesis».