Once procesados por las «injustas» ayudas de ex gobiernos andaluces socialistas a Mercasevilla

Los trazos deformes de la pesadilla han desaparecido para algunos, pero no para otros. José Ignacio Vilaplana, juez de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, ha acordado continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra 11 investigados en la pieza separada del «caso ERE» que gira en torno a las «ayudas otorgadas» por la Junta, «extramuros de cualquier legalidad», a Mercasevilla S. A, gestora de la lonja de la capital hispalense, por si «los hechos denunciados pudieran ser constitutivos» de los presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación.

En la hilera de encausados se encuentran el ex director general de la entidad Fernando Mellet, el ex subdirector general Daniel Ponce, personas vinculadas a la mediadora Vitalia como Antonio Albarracín o Jesús María Bordallo, otras ligadas a las sociedades Hermes Consulting y Maginae Solutions, entre ellas el ex sindicalista al que se llama supuesto «conseguidor» de los ERE, Juan Lanzas y su cuñado Ismael Sierra; un asesor fiscal; o Antonio Garrido, el «intruso» que fue incluido como beneficiario de una póliza de seguros sin haber trabajado nunca en Mercasevilla, «a sabiendas de que no tenía derecho» a «percibir las rentas objeto» de la misma.

En un auto fechado el pasado 12 de abril y consultado por LA RAZÓN, el magistrado sostiene que los fondos asignados a Mercasevilla por ex gobiernos socialistas andaluces sirvieron para «materializar la extinción de las correspondientes relaciones laborales» derivadas de dos expedientes de regulación de empleo (ERE), uno armado en 2003 y otro en 2007, gracias a una primera subvención de 5.637.421,86 euros y a una segunda de 6.901.814,43.

Vilaplana asevera que de lo actuado se deduce que esas ayudas públicas «carecerían de objeto definido y concreto, se llevaron a efecto de forma injusta y arbitraria prescindiendo del procedimiento legalmente establecido y sin observancia de los aplicables principios de publicidad, concurrencia y objetividad». A ello engarza que no hubo «control administrativo» sobre ellas ni se justificó el destino del dinero, «siendo así», refleja en su resolución, que «por parte de la Consejería de Empleo no se habría realizado ningún seguimiento sobre la aplicación» de los incentivos. Entiende el juez que las ayudas millonarias constituyeron «una verdadera subvención a la empresa», en cuanto que con ella se pretendía «financiar el coste de las relaciones laborales y las consiguientes obligaciones» que de éstas se derivaban para la entidad. Los fondos se adjudicaron además «sin análisis económico alguno» por parte de los ex ejecutivos autonómicos para determinar si eran «procedentes en atención a las circunstancias del beneficiario –en especial en lo relativo a que la mercantil no tuviera capacidad financiera para hacer frente a las obligaciones asumidas por la Junta–» y esquivaron la fiscalización tanto del gabinete jurídico de la Administración regional, como de la Intervención Delegada de la Consejería de Empleo, de acuerdo al relato confeccionado en el auto.

Con todo, Vilaplana opta por el sobreseimiento provisional del procedimiento respecto a una docena de señalados, 11 de ellos miembros del Comité de Empresa de la lonja y el que fuera delegado de Empleo de la Junta en Sevilla entre mayo de 2004 y abril de 2010, Antonio Rivas. En relación a los primeros, apunta que, aunque participaron en las negociaciones de los dos mencionados ERE, esa intervención resulta «insuficiente» para afirmar que «tenían capacidad de disposición o de decisión sobre el otorgamiento de las ayudas ilícitas objeto de la causa». Sobre Rivas, el magistrado argumenta que, aunque «cabe entender indiciariamente acreditado» que «conocía que las pólizas de seguro de rentas colectivas que integraban el núcleo de los acuerdos que fundamentaban la solicitud del correspondiente ERE podían o iban a ser financiadas con dinero público», no existen «indicios sólidos» de que operara «con suficiente relevancia causal en la decisión administrativa» de dar el dinero ni «en la correlativa salida» de éste «del erario público en forma tan irregular». Tras conocer la decisión judicial, Rivas recuerda a LA RAZÓN que ha tenido que «pasar 10 años esperando –la jueza Mercedes Alaya lo imputó justo en abril de 2011 en esa causa–», hasta que se ha producido la «buena noticia». «La Justicia llega, tarda pero llega», ha trasladado el ex alto cargo de la Junta a este periódico.

No ha sido un relámpago de tiempo, pero ahora el magistrado de refuerzo ha dado por concluida una investigación que ha trasladado a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en un plazo de 20 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, el sobreseimiento, o la práctica de diligencias complementarias.>