Insumisión en Andalucía con la Ley de Vivienda

Andalucía se declara insumisa ante la futura Ley de Vivienda. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, criticó la medida del Gobierno central tachándola de “intervencionista” y alegando que «ya ha fracasado en otros países». Moreno se quejó, además, de que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos ha elaborado la norma «de espalda a las comunidades autónomas» a pesar de ser una competencia exclusiva de las regiones. «Nos sorprende una vez más que un Gobierno que habla de cogobernanza impulse una ley sin consultar a las CC AA, sin informarlas y de espaldas a las comunidades. Creo que esa no es la mejor forma de que funcionemos», señaló Moreno un día después del encuentro en un foro sobre sostenibilidad urbana con Pedro Sánchez, donde éste aseguró que «el Gobierno no va a fallar» y que el presidente andaluz tiene «todo lo que se necesita para que Andalucía lidere el cambio del modelo productivo en el país». Moreno criticó que «el intervencionismo de la ley» es «claramente lesivo» para los intereses «precisamente» de las personas que buscan alquiler.

«La filosofía (de la ley) es claramente intervencionista y nosotros somos liberales; y los liberales y el intervencionismo estamos reñidos, no creemos que sea la solución», indicó Moreno. El presidente andaluz señaló que esta norma «se ha probado en distintos países en la UE y ha sido negativo» de cara a la oferta. «No se le puede decir a un promotor de una vivienda lo que tiene que hacer ni al propietario», añadió. La Junta se muestra dispuesta a movilizar recursos propios, a «remover los obstáculos legislativos» y a trabajar «las alianzas que sean necesarias» para aumentar la oferta de vivienda para las familias vulnerables y los jóvenes pero «no se puede hacer por imposición». El presidente andaluz también pidió más garantías jurídicas para evitar las ocupaciones ilegales porque «no puede ser que haya ciudadanos que tienen una y no la quieren alquilar» por «miedo a que se la ocupen». Según lo anunciado, la futura Ley de Vivienda forzará a los propietarios a bajar los alquileres en zonas tensionadas y se creará un bono de 250 euros para ayudar a que los jóvenes puedan independizarse.

Por su parte, el vicepresidente andaluz, Juan Marín, defendió que la Ley de Vivienda «no se aplicará» en Andalucía. «Haremos lo que esté en nuestra mano», señaló. «Lo que hay que hacer es construir viviendas sociales para que realmente los jóvenes puedan acceder a ese mercado porque a todos nos gusta tener nuestra casa», aseveró. Marín recordó los «precedentes» en Andalucía con la norma de IU cuando estaba en el Gobierno andaluz y que el Tribunal Constitucional «ya tumbó». «Hay una invasión de una serie de derechos, como es la propiedad privada», indicó. Para Marín, se trata de «una salida a la desesperada» del Gobierno para sacar adelante los Presupuestos, ya que está «en manos de los más radicales de izquierda de nuestro país».

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, expuso que este tipo de medidas en otros países ha supuesto «la retirada de inversiones y han aumentado los precios». «Estén vacíos u ocupados, los pisos son de los propietarios, es su propiedad privada que en Andalucía la vamos a proteger absolutamente. No vamos a poner limitaciones al alquiler en Andalucía», señaló Carazo en Canal Sur Radio.

La consejera de Empleo, Rocío Blanco, opinó que la norma «puede ser incluso inconstitucional» porque va contra la libertad de comercio. La Delegación del Gobierno en Andalucía censuró que «la Junta está en contra de todo, le da la espalda a los más jóvenes, a los más vulnerables, situándose al lado de las entidades financieras, de los bancos y de los fondos buitre, mientras que el Gobierno de España, cumpliendo un mandato constitucional, da las herramientas necesarias para facilitar el acceso al alquiler», según el delegado Pedro Fernández.

Por parte del PSOE-A, hay una doble vertiente. De un lado, el partido lamentó que el Gobierno andaluz vaya a ser «objetor de una Ley que no conoce». De hecho, Marín se quejó de que, a pesar de que Cs ha pedido el borrador, se ha enterado por la prensa. El portavoz del PSOE-A en el Parlamento, Mario Jiménez, pidió a los jóvenes «que tomen nota de quién está por resolverles sus problemas» y «quiénes se alinean con las grandes inmobiliarias». Sin embargo, el nuevo líder del PSOE-A, Juan Espadas, en su condición de alcalde Sevilla, fue más moderado en su valoración y señaló que el Ayuntamiento analizará la norma para aplicarla «si encaja con la realidad» local, señalando que en la capital no hay «mucho piso vacío». «Cualquier otra modificación de las ordenanzas fiscales la tendremos que estudiar muy bien y analizar sin encaja o no en la realidad de la oferta de vivienda de Sevilla», dijo.

De su lado, Unidas Podemos acusó al PP de utilizar a la Junta para «desgastar» al Gobierno de Pedro Sánchez. Adelante Andalucía calificó como «parche y escasa» la futura Ley de Vivienda. «Lo que se conoce ofrece bastantes lagunas como es el caso del bono joven, una medida que se puso en marcha en el Gobierno de Rodríguez Zapatero y que supuso el aumento del precio de los alquileres», señaló la diputada Maribel Mora. Adelante propone que las viviendas de la Sareb sean públicas.

La patronal de los empresarios calificó de «electoralista» el anuncio de la Ley de Vivienda y, en palabras del presidente de la CEA, Javier González de Lara, «todo el mundo, persona física o jurídica, tiene derecho al ahorro, derecho a consolidar lo que con fruto de su trabajo han podido generar durante su vida y para eso han pagado impuestos y ha hecho esfuerzos económicos importantes». La CEA considera que se trata de «una intromisión grave al derecho de la propiedad privada».