El ex consejero Vallejo será citado como testigo en el juicio de los 1,5 millones en ayudas a Cedes

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha iniciado este lunes el juicio de la pieza separada de las irregularidades detectadas en la empresa de capital riesgo Invercaria, adscrita a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), correspondiente a las ayudas por 1,5 millones de euros concedidas por la entidad a la sociedad Cedes Electria, en las que la Fiscalía Anticorrupción atisba un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos.

Esta primera sesión se ha centrado en las cuestiones previas de las partes en el procedimiento, que son la Fiscalía, el PP andaluz y las defensas de los acusados, en este último caso el expresidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo; -ya condenado a tres años y medio de cárcel por el préstamo de Invercaria a la empresa Aceitunas Tatis, a dos años y tres meses de prisión por los gastos de personal de Invercaria y a tres años y un día de cárcel por el préstamo a la empresa Fumapa-; Isabel de Haro Aramberri, secretaria general de Desarrollo Industrial y Energético de la Consejería de Innovación entre 2002 y 2012, consejera de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) y vocal del consejo de Invercaria; y Bienvenido Martínez Martínez, exdirector de IDEA y consejero de Invercaria.

También figuran como acusados José Luis Manzano Seco, presidente y consejero delegado de Cedes Electria y Anitec; Federico Mañero Ruiz, consejero de Cedes y socio y administrador de Openmatelec; y Enrique García Chelle, consejero delegado de Cedes y socio y administrador de Openmatelec.

En ese sentido, el abogado defensor de Isabel de Haro ha solicitado entre otros aspectos que presten declaración como testigos el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y los exdirectores de IDEA Antonio Valverde Ramos y Jacinto Cañete, toda vez que Vallejo y Cañete fueron condenados por esta Sección Primera de la Audiencia por el procedimiento mediante el cual la Junta de Andalucía orquestó la financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) investigados por irregularidades y ayudas arbitrarias sin publicidad.

La defensa de Isabel de Haro ha considerado que la comparecencia de Vallejo como testigo resulta “fundamental” dada su “relevancia” en la administración andaluza en aquellos momentos y su presencia en la reunión inicial relativa a la incentivación del proyecto Cedes Electria, mientras en el caso de los exdirectores de IDEA pueden “aportar información” sobre el desarrollo del proyecto, según dicho letrado.

El fiscal delegado Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada Fernando Soto, encargado del caso, ha recordado que el exconsejero ya figura en su escrito de acusación al haber “recibido” a los acusados José Luis Manzano Seco y Federico Mañero a instancias de Isabel de Haro, según ha indicado, descartando que los exdirectores de IDEA tuviesen “participación” alguna en los hechos, si bien no se ha opuesto como tal a estas pruebas testificales a las que finalmente ha accedido el tribunal, para su incorporación al listado de testigos ya previstos.

Entre los testigos previstos figuran el que fuera secretario general del antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA, del que devino la agencia IDEA) Francisco José Oyonarte; la expresidenta de Invercaria Laura Gómiz, el que fuera director de Promoción de Invercaria Cristóbal Cantos o el consejero delegado de Repsol y expresidente del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Josu Jon Imaz, entre otros.

El fiscal sí se ha opuesto a las “incompatibilidades” del tribunal esgrimidas por la defensa de Pérez-Sauquillo, al entender que implican “una recusación” basada en que dicho tribunal ha conocido otras piezas de la macrocausa de Invercaria. Y es que según el representante del Ministerio Público, “el contexto puede ser similar” al encuadrarse en la gestión de Invercaria, pero los hechos de cada una de las piezas “son distintos”. Por eso, ha manifestado su oposición a dicha “eventual recusación” del tribunal.

En su escrito de acusación, el fiscal relata que Cedes se constituyó el 1 de agosto de 2008 para el desarrollo de proyectos energéticos, tras una reunión entre varios de los investigados “a la que acudió el titular de la Consejería de Innovación, Francisco Vallejo, y en la que se acordó la inversión de capital público en la entidad.

SIN LOS “TRÁMITES INTERNOS”

Finalizada la reunión, según la Fiscalía, De Haro contactó con Pérez-Sauquillo para activar “todo lo necesario” para invertir y ayudar a los promotores de Cedes. El presidente de Invercaria tomó las decisiones de otorgar ayudas consistentes en participación de capital y préstamos participativos, “sin cumplir el trámite interno del Plan Director de Inversiones” de la empresa pública, “sin más motivación que la orden dada por De Haro”, según la Fiscalía.

“Por decisión de su presidente, Invercaria no realizó ningún seguimiento ni control de la inversión”, sostiene la Fiscalía. De Haro, por su parte, estableció “como únicos mecanismos semejantes a un control, que personal de IDEA, entre los que se encontraba ella misma, fueran nombrados vocales del consejo de Cedes”.

La actitud de De Haro y el otro representante --Bienvenido Martínez-- de IDEA fue “pasiva y nada hicieron para evitar los hechos investigados”, según el escrito de acusación.

SEDE “FICTICIA” EN SEVILLA

El domicilio social y de operaciones de la empresa “ha sido Madrid”, pero para aparentar un proyecto andaluz, “se estableció de manera ficticia en la sede de Invercaria (Isla de la Cartuja de Sevilla) primero, y después en la calle Adriano de la capital andaluza, que corresponde a una academia de formación.

Los socios de Cedes Electria fueron Openmatelec, representada por Enrique García Chelle, de la que también era accionista Federico Mañero; Alianza por la Naturaleza, Innovación y Tecnología, representada por Manzano Seco; e Invercaria, representada por Pérez-Sauquillo, que aportó 42.000 euros.

En diciembre del mismo año, Anitec, Openmatelec, Mañero y una cuarta persona constituyeron Consultora para la Sostenibilidad Integral (CSI), sociedad que en septiembre de 2011 pasaría a ser administradora de Cedes. Pero según la Fiscalía, CSI “no desarrolló ninguna actividad y finalmente fue absorbida por Cedes, lo que permitió a Pérez-Sauquillo fraccionar las ayudas e impedir que el monto total necesitara un requisito adicional, la aprobación del Consejo de Gobierno de la Junta”, según la Fiscalía.

Igualmente, en su escrito de acusación, el Ministerio Público señala que, además de los 42.000 iniciales, Pérez-Sauquillo concedió en 2008 un préstamo participativo de 408.000 euros; así como una inversión adicional de 700.000 euros, aprobada por el consejo rector de IDEA de 28 de julio del mismo año.

Antes, el 15 de abril de 2009, Pérez-Sauquillo volvió a conceder otro préstamo participativo, esta vez, a CSI por 400.000 euros, concesión “huérfana de todo procedimiento”, según el Ministerio Público.

1,8 MILLONES DE EUROS, PERJUICIO AL ERARIO ANDALUZ

El expediente de Cedes Electria obrante en Invercaria carecía de documentación alguna, pues el plan de negocio fue incorporado cuando las inversiones ya estaban efectuadas. “La realidad era que la actividad de Cedes estaba siendo desarrollado a través de las empresas de los propios socios, mediante lo que éstos han mantenido el nivel de actividad de sus empresas, de tal manera que los fondos públicos invertidos en Cedes terminaron en aquellos”, según la Fiscalía.

El destino de los caudales públicos fue “el pago de servicios, muchos de consultoría del entorno de Manzano, así como al pago de facturas ficticias de Chelle y Mañero; y al pago de proyectos de terceros como el de Electria Wind y Eolincyl”, según la Fiscalía, que considera que el perjuicio causado al erario andaluz asciende a 1.363.280,90 euros por Cedes y 468.813,35 euros por CSI.