La Junta de Andalucía reforzará los controles internos para evitar la corrupción

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este miércoles el proyecto de ley de creación de los Cuerpos Superior y Técnico de Intervención y Auditoría de la Junta, que permitirá dotar a la administración autonómica de un grupo de funcionarios de la máxima cualificación y especialización en el ejercicio del control interno y la contabilidad pública. El texto ha sido remitido al Parlamento para su tramitación.

El Gobierno andaluz persigue con esta ley contribuir al desarrollo de un modelo de control interno de la actividad financiera pública más eficaz y adaptarse a la evolución de los sistemas de gestión financiera de los recursos públicos donde la transparencia, la rendición de cuentas y la responsabilidad sobre la eficacia de dicha gestión constituyen los valores fundamentales. En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, ha recalcado que esta norma supone reforzar aún más si cabe “el control interno en la administración”. Ha expuesto que la Intervención es el máximo órgano interno de control de toda la administración autonómica y mientras que los anteriores gobiernos socialistas la “apartaban”, el actual Ejecutivo la “refuerza como control para que esta comunidad no tenga nunca más que vivir la vengüenza de la corrupción”.

Asimismo, ha señalado que esta norma es una demanda histórica del cuerpo de funcionarios de la Junta, que hoy ve cumplido ese “anhelo”, al tiempo que se da cumplimiento a los acuerdos de legislatura, investidura y de apoyo a los presupuestos que recogían esta medida. La Intervención General de la Junta de Andalucía tiene atribuida la actividad de control interno --a través del control previo, financiero y contable--, como recoge el Título V del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Sin embargo, según la Junta, la proliferación de nuevas formas jurídicas y operacionales y la producción normativa de la Administración autonómica, nacional y europea requieren de una actividad de control interno específicamente cualificada, capaz de llevar a cabo nuevos procedimientos y técnicas de control y planificación. Como órgano gestor de la contabilidad del sector público regional, la Intervención General asume numerosas obligaciones de rendición de cuentas y transparencia que derivan de las normas europeas y nacionales de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera (control del déficit, regla de gasto y deuda pública), lo que ha supuesto un cambio de paradigma en el desempeño de sus funciones que exige cada vez un mayor grado de especialización en materia de auditoría, contabilidad financiera y analítica o consolidación de estados financieros.

A ello hay que sumarle los nuevos cometidos que se le han ido encomendando a la Intervención General y la atribución de nuevas competencias como la supervisión continua de las entidades y organismos dependientes de la Junta de Andalucía, cuyos resultados deben servir a la evaluación de la eficacia del sector público.

De esta manera, las funciones del Cuerpo superior de interventores y auditores se centrarán en tareas de decisión, planificación, organización, supervisión y dirección de las áreas competenciales de control, así como en la emisión de informes, dictado de actos de control o asesoramiento superior. Por su parte, el Cuerpo técnico se centrará fundamentalmente en el apoyo a las funciones de auditoría y a las nuevas funciones de supervisión continua que se implementen.

Con el proyecto de ley que arranca ahora su tramitación parlamentaria, el Gobierno andaluz profundiza en “la mejora del control interno de la administración autonómica y de los recursos públicos, un objetivo prioritario” para el Ejecutivo que tiene su reflejo en otras iniciativas ya adoptadas, tales como la consolidación de las cuentas de las agencias públicas empresariales y los consorcios dentro del perímetro de la contabilidad presupuestaria de la Junta; la aprobación del decreto ley para reducir, ordenar y reintegrar los libramientos de pago pendientes de justificar, y la orden financiera que unifica la regulación de los procedimientos de concesión de operaciones financieras de activo y garantías de la Junta de Andalucía, entre otras medidas.