Moreno, sin tutelas, busca el diálogo y evita la «batalla» con Sánchez

El Gobierno andaluz no tiene tutelas, como se encargó de repetir su presidente Juanma Moreno en campaña electoral y también después de lograr la mayoría absoluta el 19-J. Y ayer volvió a demostrarlo. El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, anunció que la Junta de Andalucía no va a plantar «batalla judicial» contra el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno central en el Congreso de los Diputados. Juanma Moreno no ha seguido la disciplina de partido que se podría imaginar tras avanzar Isabel Díaz Ayuso casi desde un primer momento que acudiría al Tribunal Constitucional para recurrir la imposición de Pedro Sánchez –ayer se conoció que argumentará que el Gobierno central invade las competencias autonómicas para su defensa–. La estrategia de la moderación, de la búsqueda del consenso y del diálogo le ha dado resultados por ahora.

Dicho método tiene el aval de la ciudadanía que lo votó mayoritariamente en las urnas hace apenas dos meses. Durante la primera legislatura, Moreno ya abrió un proceso de negociación con el Gobierno de España para evitar la judialización del Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa. Este mismo mes de agosto ha reclamado una reunión al Ministerio de Política Territorial sobre el decreto ley que establecía medidas urgentes en materia de revisión excepcional de precios en los contratos públicos de obras. Y ayer mismo el Gobierno andaluz anunció que había alcanzado un acuerdo con el Estado que evita el recurso que se planteaba presentar contra 42 artículos y una Disposición Adicional y otra Final de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Ley del Suelo del actual Gobierno andaluz aprobada la pasada legislatura. Este acuerdo es de gran trascendencia, dado que evita el recurso de inconstitucionalidad del Estado y refuerza la seguridad jurídica de la norma que regula la ordenación del territorio y el urbanismo en Andalucía desde el pasado mes de diciembre.

Con estos antecedentes, la opción elegida ayer con el decreto de ahorro energético tiene más sentido. Así, antes incluso de que el Congreso de los Diputados convalidase el decreto, en una entrevista en Canal Sur Radio, Fernández Pacheco declaró que éste es un asunto en el que «deberíamos confrontar lo menos posible» y que no quieren «presentar batalla judicial sino adoptar medidas que funcionen para solucionar un problema que les preocupa». El pasado 9 de agosto, tras un Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, había dicho que los servicios jurídicos de la Junta estudiarían el decreto por si invade competencias autonómicas y que se daban un plazo de tres meses, el establecido legalmente, para decidir si presentaban un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El consejero Fernández-Pacheco sí criticó que ha faltado «cogobernanza, de la que mucho se habla pero que pocas veces se practica por parte del Gobierno». «Si son medidas que queremos adoptar en todo el territorio, si son medidas que en teoría nos deberían unir, hubiera sido recomendable convocar a las comunidades, pedirles su opinión, hacer un estudio un poco más pormenorizado y permitir aportaciones de cada uno de los territorios», añadió el ex alcalde de Almería.

Fernández Pacheco incidió en que se debería tener en cuenta la singularidad de Andalucía, con una climatología y una realidad social y económica diferente al resto de España. «No podemos seguir como vamos, con una escalada inflacionista», además de poner el acento en que «la falta de soberanía energética de nuestro país nos lleva a una situación crítica», agregó.

Más tarde, en un acto público en Málaga, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, incidió en la crítica pero sin elevar la confrontación a niveles jurídicos: «Se ha perdido una gran oportunidad para que se trabaje como creo que debe hacerse en un Estado de las Autonomías, que es con colaboración, cooperación y lealtad, y nunca con imposiciones».

«Se ha perdido una gran oportunidad de hacer un trabajo común y sumar esfuerzos entre todos», reiteró Sanz, porque el decreto de ahorro energético «llega sin el diálogo y sin el consenso imprescindible a la hora de abordar un tema tan importante y comprometido». Es más, valoró el trabajo y medidas que desarrolla el Gobierno andaluz en favor del ahorro energético. «Creemos que la imposición sin diálogo no es el método», concluyó.