El PSOE andaluz guarda silencio sobre la condena del caso ERE

El PSOE andaluz ha eludido pronunciarse este miércoles sobre la sentencia publicada por el Tribunal Supremo del caso ERE, que incluye condenas de cárcel para nueve ex altos cargos socialistas, entre ellos el expresidente de la Junta José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión.

En la sesión de tarde del pleno del Parlamento andaluz ningún dirigente socialista ha querido valorar esta sentencia, por lo que habrá que esperar a mañana, en la segunda sesión, para ver si exponen la posición del partido.

El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, debe intervenir mañana en el pleno para preguntar al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la sesión de control al Gobierno. Espadas aplazó su valoración sobre la sentencia de los ERE debido a que antes de pronunciarse se quiere leer la sentencia de 1.205 folios. En teoría hablará este jueves. Ya se pronunció sobre el indulto señalando que orgánicamente no puede apoyarlo.

La portavoz socialista en la Cámara y vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, se ha limitado a decir ante las preguntas de los periodistas: “No os preocupéis que las valoraciones que tengamos que hacer las haremos”.

El diputado Mario Jiménez, que fue portavoz parlamentario del grupo socialista durante la presidencia de Griñán, también ha evitado pronunciarse y ha dicho a los medios que la posición corresponde a la dirección del partido.

La Junta cree que el PSOE debe pedir perdón

Por su parte, el consejero andaluz de la Presidencia, Antonio Sanz, ha asegurado este miércoles que el PSOE debe pedir perdón tras la sentencia del Supremo del caso de los ERE que ha confirmado “el mayor caso de corrupción”, además de reflexionar sobre las propuestas de indulto planteadas respecto a algunos condenados.

“Hoy el Partido Socialista podría empezar por pedir perdón de una vez por todas y, desde luego, no es día de indultos. Espero que reflexione sobre las propuestas en ese sentido, teniendo en cuenta la gravedad de la sentencia”, ha asegurado en declaraciones a los periodistas en el Parlamento de Andalucía.

En nombre del Gobierno de la Junta, el titular de Presidencia ha dicho que la lectura de la sentencia, de la que ya se había conocido previamente el fallo, genera “todavía más preocupación y más alarma” sobre este caso.

En este sentido, Sanz ha dicho que la resolución del Supremo define a los ERE como un “hecho sin precedentes en la historia democrática” de España y algo “tremendamente penoso” como el caso más grave de corrupción que haya existido hasta ahora.

“Eso evidentemente es una tristísima noticia para Andalucía y para lo que representa para nuestra comunidad (...) porque demuestra que los responsables públicos entonces permitieron el mayor caso de descontrol de los fondos públicos en la historia”, ha declarado.

Según el consejero, la sentencia también confirma que este caso de corrupción “se podía haber evitado y no se evitó” por parte de los responsables públicos que entonces que gobernaban en Andalucía.

“Demuestra claramente que no hubo voluntad política de evitarlo”, ha recalcado Sanz, quien ha apuntado a la responsabilidad que sitúa la sentencia del Supremo en los ámbitos de la Presidencia de la Junta, Empleo y otras consejerías.

“Estamos por tanto ante la confirmación del mayor descontrol caso de despilfarro y corrupción política de la historia. No lo dice ya ni la denuncia ni el debate político, lo dice el Tribunal Supremo”, ha asegurado.

A su juicio, tras conocer esta sentencia, el PSOE debe definitivamente empezar por pedir perdón a los andaluces, teniendo en cuenta que no hubo voluntad política de evitar la corrupción y el despilfarro, tratándose además del “dinero de los parados”, que es donde debían haber ido destinado los fondos públicos.

Tras insistir en que se trata de una mala noticia para los andaluces, ha situado al caso de los ERE en el pasado de una época “negativa, mala y nefasta” para la imagen pública de la comunidad, donde hoy este tipo de casos jamás podrían volver a producirse por todos los controles existentes y porque la voluntad política del actual gobierno que “jamás” lo permitiría.