El fracaso del PSOE hierve en los barrios pobres de Sevilla

Los recientes tiroteos ocurridos en el asentamiento chabolista del Vacie y en el Polígono Sur han vuelto a poner en evidencia el fracaso de las políticas sociales en los barrios más deprimidos de Sevilla. La marginalidad, el tráfico de drogas, el paro, la tenencia de armas o las plantaciones ilegales de marihuana son realidades que lastran el presente y el futuro de estas zonas, que han recibido cuantiosas inversiones que han parcheado estas carencias sin abordar el fondo del problema. De hecho, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 15 barrios de España con las rentas netas anuales por habitante más bajas, seis se ubican en la capital hispalense. Vuelen a liderar este triste ranking el Polígono Sur y Los Pajaritos, las dos barriadas con los ingresos más bajos del país: 5.666 y 5.757 euros al año, respectivamente. El listado lo completan otros barrios con una compleja problemática social, como la Oliva, las Letanías, Juan XXIII o el Polígono Norte.

El enfrentamiento entre clanes es un obstáculo más en el cacareado desmantelamiento del Vacie, el asentamiento chabolista más antiguo de Europa. Un objetivo que han perseguido todos los alcaldes democráticos de Sevilla y que continúa sin alcanzarse, por muchos planes que se anuncien. El anterior alcalde de la capital, Juan Espadas –hoy secretario general del PSOE-A–, dijo que «pronto» sería una realidad su desaparición. Espadas dio el salto a la política autonómica y las chabolas en el entorno del cementerio siguen a la vista sin que nada se sepa del parque que se proyectó. Un paso importante se dio en 2016, cuando la UE incluyó al núcleo chabolista en un programa dotado con 350.000 euros. El objetivo era completar los realojos en 2020, pero esta meta nunca llegó a alcanzarse. En 2018 el Ayuntamiento aprobó un plan de erradicación, con intervenciones sociales en las familias, e incluso la Gerencia de Urbanismo inició los trámites para contratar las obras de demolición, por un importe de 130.000 euros. Sin embargo, la compleja realidad social de sus moradores, la dificultad para abordar los realojos y la imposibilidad de hacer seguimientos personalizados impiden acabar con este punto negro del mapa sevillano.

El caso del Polígono Sur es distinto, un pozo sin fondo en que las administraciones han ido invirtiendo con unos resultados más que cuestionables. Desde que se activó el Plan Integral en 2015 los organismos públicos han dedicado más de 100 millones de euros en la zona, actuaciones que se complementan con el trabajo de numerosas ONG y entidades privadas. Hay hitos visibles, como la rehabilitación de viviendas, pero la brecha en educación, sanidad y empleo sigue agrandándose.

Ante esto, las declaraciones de intenciones a nivel municipal se suceden. Cuando fue investido en enero de este año, el alcalde, Antonio Muñoz, dijo que estos barrios serían «una prioridad en nuestra agenda». El regidor socialista se mostró dispuesto a liderar una «estrategia de coordinación de la gestión pública» en estas zonas. «Gobierno central, Junta y Ayuntamiento debemos adquirir un compromiso firme de implementar unas políticas de inversión pública, atención social e inserción laboral definidas, coordinadas y sostenidas en el tiempo», planteó. Esta estrategia no se ha sustanciado y los escollos en la inversión han sido constantes.

Uno de ellos es la decisión del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de excluir a Sevilla de los fondos dedicados a reducir las desigualdades, un total de 110 millones de euros procedentes de la UE cuyo reparto se hizo por asignación directa. Se beneficiaron fundaciones, asociaciones y otras entidades de diversas comunidades autónomas, en las que no figuró Andalucía, e incluso se consignaron partidas a los ayuntamientos de Madrid y Barcelona. Ni un euro para la ciudad que concentra los barrios más pobres de España. El ministro del ramo, José Luis Escrivá, se reunió con el entonces alcalde Juan Espadas para enmendar el error, anunciando que la capital hispalense se incluiría en una segunda convocatoria.

Otra medida que resultó perjudicial es la ubicación de una comisaría de Policía Nacional fuera del Polígono Sur, cuando las asociaciones y el propio comisionado de la zona reclamaban que se construyese dentro del barrio como elemento disuasorio y de transformación social. La petición no fue atendida y se ubicó en las inmediaciones. Recientemente fue inaugurada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con el rechazo de los colectivos sociales. Además, el sindicato CSIF ha denunciado la situación «crítica y terminal» de los servicios sociales del Ayuntamiento, con esperas que pueden llegar hasta los seis meses en zonas como San Jerónimo o Tres Barrios. La central critica que en junio cesaron 107 profesionales adscritos a la estrategia andaluza para la cohesión.