Los ayuntamientos, claves para financiar edificios judiciales

El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha firmado un convenio de colaboración con el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, para lo que ha definido como «un nuevo modelo» de financiación pública/pública «que va a permitir que otros muchos municipios que tienen una necesidad evidente en cuanto a sede judicial la puedan ver resuelta desde la justicia y desde la equidad». El consistorio asumiría la construcción del edificio sobre una parcela de 4.700 metros cuadrados, con una inversión de 12.570.542 euros y antes de ceder su uso mediante «mutación demanial externa» a favor de la Junta. Por su parte, la administración andaluza compensaría anualmente al Ayuntamiento con 285.214 euros durante 30 años, superando así los 14,6 millones de euros y cediendo la titularidad de nuevo a Roquetas de Mar.

«Me siento orgulloso de dar este paso», ha afirmado el consejero Nieto, ante «un acuerdo en el que gana la Junta de Andalucía y gana el Ayuntamiento de Roquetas, pero sobre todo los vecinos, que van a pasar de una sede donde los trabajadores han estado sin la dignidad que merecen, a una sede referencia a nivel andaluz». Un «edificio pionero, moderno y sin papel, adaptado al concepto de tribunal de instancia», ha detallado el responsable andaluz de Justicia», con la promesa de «estar poniendo sentencias en el nuevo juzgado antes de que termine la legislatura».

Desde el gobierno regional, que acomete ahora la actualización del proyecto por valor de 285.000 euros, se espera que «la primera piedra pueda ponerse a principios del próximo año». Se aplicará entonces este convenio que mostraría un trato «de igual a igual» entre administraciones, de forma que se aprovecha «la situación de liquidez importante» que permite al Consistorio roquetero, adelantando «los recursos necesarios para poner en marcha el proyecto», según ha precisado José Antonio Nieto. Con una aportación inicial del «5% del coste» y el abono «de un canon anual» por parte de la Junta, la administración local «recuperará el 150% de lo que ha invertido» y corregirá una «necesidad judicial», incrementada por el aumento de la categoría de los jueces a magistrados.

El primer edil roquetero, Gabriel Amat, ha revelado que «fue la opción que pusimos sobre la mesa tras la cesión de los terrenos y para acelerar una infraestructura que creemos urgentemente necesaria». De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento asume el coste de obras importantes para la segunda ciudad de Almería, pues «ya pusimos 30 millones de euros para la conclusión de la variante de Roquetas con la autovía» y «hemos planteado cesiones de suelo y acuerdos similares para la construcción de una comandancia de la Guardia Civil o una Comisaría Nacional». Para el regidor, «la clave está en mejorar la seguridad y en dar respuesta a las necesidades de los vecinos del municipio», ya que «nosotros hemos hecho una buena gestión económica de las arcas públicas en los años que llevamos en el gobierno» y «estamos saneados y en disposición de adelantar estos recursos para conseguir nuestros objetivos».

El alcalde del partido popular, elegido ininterrumpidamente desde 1995, sería el promotor de un modelo que el consejero de Justicia quiere «replicar en otros municipios» pero que hasta ahora sería poco habitual debido a la situación financiera de otros consistorios. «Si se cumplen los plazos que estimamos, en 2025 estará ya concluido un edificio que formará siempre ya del mobiliario urbano y el patrimonio público de Roquetas de Mar», ha valorado Amat, sobre la primera ciudad de la justicia que se va a impulsar con esta fórmula.

Sin embargo, el PSOE en la localidad ha calificado de «mal acuerdo» este convenio, ya que «el Ayuntamiento tendrá que asumir unas obras que le corresponde hacer a la Junta de Andalucía». Después de abstenerse en la comisión informativa que trataba el punto, el portavoz de este grupo en la oposición, Manuel García, considera «corremos el riesgo de no llegar a recuperar todo el dinero, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de gran envergadura que suele acabar con sobrecostes, máxime aquí, donde las obras siempre acaban costando bastante más». Si bien el edil socialista ha querido dejar claro que su partido no se opone a este tipo de acuerdos, sí ha aclarado que «nos hubiera gustado que la ciudad recuperara el dinero en dos o tres años, como pasó con los centros educativos que el Ayuntamiento acordó con los gobiernos socialistas de la Junta, en lugar de 30 años como hace Amat ahora con sus compañeros de partido». «No es comparable», contestaba en Onda Cero el alcalde, ya que «el edificio volverá a ser de nuestra titularidad cuando acabe el convenio».