Más inmigrantes con un 30% de población extranjera

El alcalde del municipio almeriense El Ejido, Francisco Góngora, ha rechazado la decisión unilateral tomada por el Gobierno central de albergar a doscientos inmigrantes ilegales venidos de Canarias en un hotel del casco urbano, al entender que esta medida podría «tensionar» la «convivencia por la que llevamos trabajando durante años» en una localidad que ha «superado» su «capacidad de acogida», al presentar «la presión migratoria más alta del país». La cifra exacta, según el Gobierno, es de 114 personas con manifestación de voluntad de solicitud de protección internacional pendientes de formalizar en la provincia.

Con una población de 90.000 habitantes en la que más del 30% es de origen extranjero, El Ejido cuenta con una «estimación de 4.000 inmigrantes irregulares con carácter permanente» y sufre a diario la «llegada de cientos de personas a través de pateras y narcolanchas», como informó el regidor escoltado por su equipo de Gobierno, para mostrar su incomprensión ante una acción que «rema en dirección contraria a lo que este municipio necesita».

«¿Cómo un municipio con esta presión migrante, que ya tiene que soportar la falta de inversiones del Estado, de ese principio de solidaridad con los servicios públicos, tiene ahora que aliviar a otras zonas?», cuestionó Góngora, recordando el «esfuerzo continuo que estamos realizando por alejar los estigmas lesivos con El Ejido para fomentar una convivencia y que se dimensione adecuadamente nuestra realidad social plural».

De hecho, el primer edil ejidense llegaba a emocionarse ante «el trabajo no solo de la política, sino de entes sociales, trabajadores de la sanidad, del ámbito social» cuyos «progresos pueden ponerse en riesgo» por medidas «no consensuadas e impuestas». Se realiza un «enorme esfuerzo y una apuesta por la convivencia, por la solidaridad y la seguridad», reiteró el alcalde ejidense, máxime cuando las mafias llevan «algo más de un año ya operando de forma intensa en nuestras costas, que actúan prácticamente con impunidad» y ante lo que se han solicitado «más efectivos de Guardia Civil, tanto marítimos como incluso aéreos».

Así, se han contratado 200 camas y hoy llegan los primeros 150 migrantes» a EjidoHotel, confirmaron desde el Consistorio ante la medida de alojamiento contratada por parte de la Administración central por «un año, eso si no se cronifica». Francisco Góngora también arremetió duramente contra el subdelegado de Gobierno en Almería, el ejidense José María Martín, al entender que ante esta medida actúa «sin dar ningún tipo de explicación y ocultando información», llegando incluso a trabajar «de manera desleal» desde el punto de vista «institucional» y «personal». Y es que fueron varias las conversaciones presenciales y telefónicas mantenidas los últimos días, para frenar una decisión que «pienso que, políticamente, incluso le interesa esa polémica, porque desde el PSOE entienden que esto al final es dividir, es fragmentar, es dar pie a que ahora vengan otros y haga un discurso más radical», sentenció Góngora, calificando de «pusilánime» la actitud del representante del Ejecutivo Central en Almería, por «no tomar decisiones, no poner pie en pared cuando hay que ponerlo».

«Las cosas no pasan hasta que pasan y a veces basta prender una cerilla», lamentó el regidor, subrayando las medidas que se han adoptado en los últimos años como la creación del Consejo Municipal de la Integración, la celebración de talleres, programas en zonas de riesgo de exclusión social, rehabilitación de viviendas y actuaciones contra el chabolismo, entre otras. «Estoy en mi deber de exigir que se rectifique, que no aumente la presión migratoria de este municipio», porque «los ciudadanos nos lo van a entender». Para el alcalde de El Ejido, el municipio precisa de más recursos ante su situación sociodemográfica que permitan mejorar su empleabilidad y contar con equipamiento deportivos, educativos, culturales y sanitarios suficientes con los que dar respuesta a la población.

No es la primera vez que una zona de Andalucía se levanta por la decisión unilateral del Gobierno de España de alojar inmigrantes. Recientemente, los cinco ayuntamientos con terreno en la base aérea de Armilla, en la provincia de Granada, cuatro gobernados por el PP y un quinto socialista, reclamaron unidos al Gobierno central que descarte esta zona para ubicar un centro para inmigrantes, una opción que ha movilizado a los vecinos y colectivos sociales que lo rechazan porque generará hacinamiento. El Ejecutivo central continúa la misma política y tomando las decisiones sin consultar con los municipios afectados.