El funcionario Kichi no ha solicitado el denominado "nivel 33", por el que cobraría más que como alcalde

La coherencia en política tiene un valor poco apreciado, al menos por los políticos, por eso cuando se aplica llama tanto la atención. El hoy profesor de Geografía e Historia, "anticapitalista y activista", José María González 'Kichi', anunció el pasado mes de noviembre que no se presentaría a la reelección como alcalde de Cádiz, cumpliendo así el compromiso adquirido de no estar más de ocho años. “No venimos a enriquecernos con la política sino a ofrecer un acto de amor a nuestros vecinos y a la ciudad”, decía en en 2019. "No ganar ni un euro más y no cambiarme de barrio fueron mis compromisos", explicó a final de 2022

Kichi, como funcionario de la Junta de Andalucía y ex alcalde durante un periodo superior a dos años, cumple los requisitos para recibir un complemento que equiparía sus ingresos en el centro educativo a los de director general de la Administración. Es lo que se conoce en Función Pública como "nivel 33", juego de palabras entre los niveles profesionales -el tope es 30- y el artículo art. 33.2 de la Ley 31/1990, que dispone textualmente: "[...] "Los funcionarios de carrera que, durante más de dos años continuados o tres con interrupción, desempeñen o hayan desempeñado a partir del 5 de julio de 1977 puestos en la Administración del Estado o de la Seguridad Social, comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley 25/1983, de 26 de diciembre sobre Incompatibilidades de Altos Cargos, exceptuados los puestos de Gabinete con categoría inferior a la de Director General, percibirán desde su reincorporación al servicio activo y mientras se mantengan en esta situación el complemento de destino correspondiente a su grado personal incrementado en la cantidad necesaria para igualarlo al valor del complemento de destino que la Ley de Presupuestos del Estado fije anualmente para los Directores Generales de la Administración del Estado."

Por su parte, el art. 87.3 del Estatuto Básico del Empleado Público (texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015), aborda la situación administrativa de servicios especiales, que dispone que quienes reingresen al servicio activo tras haber sido altos cargos no deben sufrir menoscabo en su carrera profesional y, en concreto, "recibirán el mismo tratamiento en la consolidación del grado y conjunto de complementos que el que se establezca para quienes hayan sido directores generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración Pública".

En Andalucía, un director general de la Junta gana 58.352,06 euros al año, mucho más que un profesor de secundaria por muchos trienios que acumule -en su periodo de alcalde ha acumulado dos y estaría cerca de sumar un tercero, porque la situación administrativa de servicios especiales permite computar el tiempo que permanezcan en tal situación, a efectos de ascensos, consolidación de grado personal, trienios y derechos pasivos-. De hecho, como alcalde sus emolumentos fueron catorce pagas de 1.669,15 euros, lo mismo que como docente. El salario bruto anual de un profesor de secundaria en Andalucía es de 34.587,42 euros.

Siendo alcalde, Kichi empezó cobrando 60.000 euros anuales en la Diputación de Cádiz, aunque desde 2015 comunicaba las donaciones que realizaba para mantener el mismo sueldo que en la docencia. En diciembre de 2021 fue dado de alta como personal municipal y, como acordó el Pleno de Organización de 2019, empezó a percibir el sueldo de cualquiera de los concejales del equipo de Gobierno: 38.826,76 euros más los trienios que le correspondieran. En definitiva, Kichi hoy podría cobrar de forma completamente legal 10.000 euros más al año que como alcalde si ejecutase el mencionado "nivel 33", algo que no ha hecho (al menos que se sepa por ahora) y podría hacer cuando lo desee, solicitándolo a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública dicho complemento.

El pasado 19 de junio, tras cesar como alcalde y tomar posesión Bruno García del cargo, Kichi se reincorporó a su plaza de profesor de Secundaria. "Vuelvo al tajo en la enseñanza. Mi vocación. Vinimos a la política institucional de forma temporal y nos vamos con lo puesto, con el mismo sueldo y en la misma clase social", dijo en Twitter.

Su compañera Teresa Rodríguez ya rechazó la cesantía al abandonar el Parlamento de Andalucía. En concreto, el pasado renunció a 24.000 euros al firmar el acta de baja como diputada. Desde entonces da clases de lengua y literatura en un instituto de Puerto Real (Cádiz).