«Caso ERE»: un juicio en busca de sentencia con los jueces divididos

Seis años después de la condena primigenia del «caso ERE», el juicio sigue buscando sentencia. El considerado hasta la fecha como uno de los mayores escándalos de corrupción de la democracia sigue abierto, a la espera de que el Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resuelva el recurso presentado y con los jueces de la Audiencia de Sevilla divididos y con disparidad de criterio tras las resoluciones del Tribunal Constitucional que, de facto, levantaron un proceso amparado por el resto de entes judiciales.

Por un lado, la Sala que dictó la sentencia de condena de Chaves, Griñán y el resto de ex altos cargos de la Junta de Andalucía en el juicio por el llamado «procedimiento específico» de los ERE elevó el caso a Europa. Por otro lado, otras salas están archivando piezas de los ERE en base a la doctrina de la corte de garantías.

La sentencia aguarda ya seis años pero el caso se remonta ya a hace más de tres lustros. El 3 de abril de 2009 una grabación destapó un intento de extorsión en Mercasevilla y de ahí, tirando del hilo, la jueza Alaya comenzó la instrucción del «caso ERE», una causa que costó la carrera política a los ex presidentes Chaves y Griñán y acabó con varias décadas de altos cargos socialistas en prisión.

El 5 de diciembre de 2017 comenzó la primera vista del llamado «procedimiento específico» para determinar –parafraseando las palabras de Griñán a la salida del Constitucional– si hubo «una gran trama» además de «un gran fraude». El 19 de noviembre de 2019 Griñán era condenado a seis años de cárcel y 15 de inhabilitación por malversación y prevaricación continuadas; y Manuel Chaves fue condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación. Los jueces censuraron a la excúpula del PSOE andaluz por urdir un «sistema fraudulento» dotado con 680 millones sin control. El 26 de julio de 2022 el Tribunal Supremo (TS) confirmó las penas. Griñán postergó la entrada en prisión alegando cáncer. En julio de 2024 el Tribunal Constitucional (TC), en un fallo sin precedentes, enmendó la plana del Supremo y envió el caso de nuevo a la Audiencia de Sevilla para dictar una nueva sentencia.

Los condenados en prisión fueron saliendo en cascada y la causa entró en terreno inexplorado e, incluso, inhóspito en términos de jurisprudencia considerando los votos particulares contra el dictamen de la mayoría progresista del Constitucional (siete contra cuatro). El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) consultó «de forma urgente» al Poder Judicial sobre la excedencia de una magistrada que dictó la sentencia primigenia. El entonces presidente de la sala –Juan Antonio Calle Peña– ya está jubilado. El 7 de noviembre de 2024, la Audiencia Provincial de Sevilla reforzó el tribunal encargado de dictar la nueva sentencia: cinco magistrados –dos que ya formaron parte de la Sala del primer fallo– quienes integraron el tribunal. A las magistradas Pilar Lorente –ponente además de la resolución– y Encarnación Gómez, que son las que ya integraron el tribunal que dictó la sentencia recurrida, se unieron los magistrados de la Sección Primera Francisco de Asís Molina, que fue instructor del «caso Marta del Castillo»; Patricia Fernández, que investigó el supuesto amaño de la adjudicación de la mina de Aznalcóllar; y Juan Jesús García Vélez, instructor del caso de la facturas de UGT-A. En julio de 2024 se consumó la revisión del «caso ERE» por parte del TC, aceptando en parte los recursos de una docena de condenados, con la salvedad del ex director de Trabajo Juan Márquez; el ex viceconsejero Agustín Barberá, que no recurrió al TC; y el ex consejero José Antonio Viera, cuyo recurso fue rechazado por un error de forma «insubsanable».

La nueva sentencia, seis años después de la original, sigue siendo una incógnita. El TC instó a la rebaja de la pena de inhabilitación, como en el caso de Chaves, y a la anulación de condenas de cárcel por malversación a otros como el que fuera su sucesor, José Antonio Griñán. Juanma Moreno, calificó como «rocambolesco» un «retraso sine die» de la revisión de los ERE. El PSOE-A minimizó la nueva espera considerando que ya se dictaminó que «no hay trama política».

Dieciseis años después del inicio de las pesquisas por parte de la jueza Alaya, el caso sigue sin sentencia firme. El nuevo fallo tampoco será el final de esta pieza de los ERE, al ser recurrible. Aparte, la causa tiene más de un centenar de casos pendientes, con juicios suspendidos hasta 2026, como el de Calderinox. Tras la intervención del TC, en otra sentencia sobre una de las piezas separadas, la Audiencia estalló hablando del proceso para repartir los fondos como de una «alcaldada indigna» de la Junta. Meses después, los jueces se dividen entre el criterio a adoptar para cada caso. La Sección Primera de la Audiencia, la que enjuició a Chaves y Griñán, difiere del criterio de la corte de garantías y elevó la «cuestión prejudicial» al Tribunal Europeo de Justicia de la Unión Europea. En un primer momento, el presidente del TC Cándido Conde-Pumpido trató de frenar la consulta de los jueces de la Audiencia ante el TJUE pero la falta de apoyo interno le hizo desistir.

Otras secciones como la Séptima de la Audiencia de Sevilla, que se ocupa de los recursos del «caso ERE» desde hace más de 10 años, sí vienen acatando el criterio del Constitucional y archivando algunas de las ayudas que se investigan todavía en el juzgado de Instrucción número 6, el que fuera en su día el de la jueza Mercedes Alaya. Los archivos por parte de la Sección Séptima contradicen también el criterio de la Fiscalía. La línea entre lo que se considera «interés público» o no en las ayudas es uno de los puntos de fricción. Entretanto, las diferentes piezas siguen sucediéndose. El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla dictó en octubre un auto en el que acordó continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra siete ex altos cargos de la Junta de Andalucía y otras cinco personas investigadas en una pieza separada del caso de los ERE centrada en la concesión y el pago presuntamente ilícitos de ayudas sociales individuales a extrabajadores de la empresa Delphi Automotive Systems España SL y su industria auxiliar por un montante total de 261.754.334 euros. El magistrado consideró que los hechos podrían ser constitutivos de presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación y falsedad documental. «Desde luego, no fueron objeto de aquella causa las disposiciones de fondos realizadas con cargo a créditos presupuestarios distintos de los programas 22-E y 31-L», indicó el magistrado, que enumera también en el auto los motivos por los que considera que los hechos delictivos no estarían afectados por la doctrina del Tribunal Constitucional recaída con motivo de los recursos de amparo interpuestos en la causa del «procedimiento específico».

Así, señaló que «resulta evidente que las disposiciones de fondos realizadas en favor de los extrabajadores de Delphi y su industria auxiliar, objeto de autos, excedían notablemente del ámbito y finalidad del programa presupuestario 31-L (en sus sucesivos ejercicios), pues no estaban destinados a mitigar la situación de empresa alguna en crisis, favorecer un plan de reestructuración o de viabilidad de ésta, ni se configuraban como ayudas sociolaborales en favor de los trabajadores de la sociedad, quienes se habían desligado de Delphi mediante la percepción de sus correspondientes indemnizaciones y serían beneficiarios de contrataciones laborales –ficticias– a través de empresas formadoras, a su vez subvencionadas por el SAE», señala el auto. Por otro lado, también en octubre la Sección Primera absolvió al exfutbolista ‘Pizo’ Gómez y a un exdirectivo de la consultora Vitalia en una pieza separada por una ayuda de 491.424,43 euros a Cenforpre. El «caso ERE» aguarda la unificación de criterios.