El doble discurso del PSOE: de querer prohibir la acusación popular, a personarse en la causa del SAS en Andalucía

El PSOE andaluz no comparte lo que el PSOE nacional defiende en el Congreso de los Diputados. El Grupo Socialista registró el pasado mes de enero en el Congreso una norma para garantizar, según anunciaron, la protección frente al "acoso de acciones judiciales abusivas". La proposición de ley parte de la premisa del "reconocimiento constitucional de la acción popular como forma de participación ciudadana en la administración de justicia", pero entienden los socialistas que se debe arbitrar "un sistema que combine adecuadamente dos planteamientos legítimos". En concreto, según el texto, que "el ejercicio de la acción popular sirva de contrapeso frente a una concreta actuación del Ministerio Fiscal que puede ser controvertida", pero que se prevenga "esta acción tendente a la imposición de la pena, se utilice para la consecución de intereses ajenos a los fines del proceso penal".

Sin embargo, el PSOE de Andalucía que lidera María Jesús Montero "va a solicitar su personación" como acusación popular en la causa abierta en el juzgado de Instrucción número 3 de Cádiz por "fraccionamiento de contratos" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) tras una denuncia de Podemos. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, en una rueda de prensa en la sede regional del partido en Sevilla, en la que ha remarcado que, entre la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla --tras una denuncia del Grupo parlamentario Socialista-- y la referida de Cádiz hay "cuatro altos cargos" vinculados al SAS "imputados" en torno al "fraccionamiento de contratos" que afectan a "235 millones de euros", y tras los que podría haber "un posible delito de malversación" por parte de la administración autonómica, además de otro de "prevaricación", según ha subrayado.

En su cruzada contra las acusaciones populares, la propuesta del PSOE en el Congreso argumenta que el artículo 102 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal recoge "los límites subjetivos que están en relación con las personas que pueden sostener la pretensión punitiva como acusaciones populares". Y abunda en que "además de la exclusión de los menores de edad, personas condenadas en sentencia firme por delito grave o menos grave, y jueces y fiscales, es obligada, en este punto, la exclusión por razones de mínima coherencia institucional de las personas jurídicas o entes públicos, así como de los partidos políticos y asociaciones y fundaciones vinculadas con estos, para prevenir el riesgo de instrumentalización del proceso que dimana de su intervención activa en el debate político".

También señala que "los límites objetivos de la acción popular, que se establecen en el artículo 103, se refieren a los concretos tipos delictivos en los que puede ser utilizada, de tal forma que se restringe el ejercicio de la acción penal a aquellos delitos que merecen un especial reproche o que por su repercusión social resultan idóneos para que los ciudadanos puedan defender una visión de la legalidad penal alternativa a la del Ministerio Fiscal, como puede ser el caso de las infracciones que protegen intereses difusos o de los delitos de corrupción política, como ejemplos más representativos.

Por último, el texto señala que "la personación de la acusación popular se sujeta al control judicial, en los términos señalados en los artículos 104 y 104 bis, tendente a garantizar que su intervención en el procedimiento no obedezca a motivos ajenos al fundamento participativo de esta figura".

En realidad, la propuesta del PSOE perseguía liquidar la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, limitando el margen de maniobra de las acusaciones populares en la medida en que la reforma expulsa de la instrucción de las causas judiciales a la acción popular (lo que obliga a archivar las causas en las que la Fiscalía no acuse y no existe acusación particular). Como, de momento, ninguno de sus socios en el Congreso de los Diputados apoya esta reforma, la medida se ha quedado paralizada y el PSOE andaluz quiere estar presente en los juzgados para tratar de vincular al Gobierno andaluz con un posible caso de corrupción.