La Fiscalía actúa para acelerar el cierre de pozos en Doñana

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acordado la práctica de «diligencias procesales», en coordinación con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, como «la finalidad de poder exigir responsabilidad medioambiental a las empresas y profesionales, públicas o privadas, que estén procediendo a la captación de aguas subterráneas afectantes al espacio protegido de Doñana, sin concesión administrativa o en caudales superiores a los permitidos».

El objetivo no es otro que «garantizar la adopción de las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 24 de junio de 2021», que señala como una de las causas significativas del deterioro del Parque Nacional «la existencia de extracciones abusivas e ilegales de agua subterránea» con afectación a los tipos de hábitats protegidos situados en la zona «Doñana Norte y Oeste» y en la zona protegida «Dehesa del Estero y Montes de Moguer».

Según el escrito al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la Fiscalía de la Audiencia Nacional designa encargado del asunto al fiscal Manuel Campoy y las diligencias, en coordinación con la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente, consistirán «en oficios al Seprona de la Guardia Civil; la reclamación a diferentes organismos de informes periciales sobre los efectos adversos significativos que dichas extracciones ilegales puedan tener en cuanto al el estado ecológico, químico y cuantitativo de las masas de aguas superficiales o subterráneas concernidas; así como a la posibilidad de alcanzar o de mantener el estado favorable de conservación de los hábitat o especies silvestres concernidos». La sobreexplotación del acuífero de Doñana ha acarreado un descenso del nivel piezométrico, descenso que ocasiona una alteración constante de las zonas protegidas del espacio natural protegido de Doñana. El cierre de los pozos ilegales es competencia del Gobierno de España.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció en agosto que entre septiembre y diciembre cerraría 400 pozos en el entorno de Doñana. Ello supondría hacer en un cuatrimestre lo que no ha hecho en cinco años. Y es que el propio departamento de la vicepresidenta en funciones Teresa Ribera informa de que que desde 2019 se han clausurado por ejecución subsidiaria 208 sobre un total de 615, aunque los 407 restantes sondeos sancionados cuentan con resolución firme.

De cerrar 4 pozos al mes de media en Doñana y su entorno, el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que pasaría a inutilizar más de cien de media al mes en lo que queda de año. En más de 30 días, no se ha vuelto a informar al respecto. Con respecto al año pasado, ya con la sentencia del TJUE, se ha pasado de 443 pozos con derecho cerrados por sustitución de agua subterránea por superficial a 450; y de 467 pozos sancionados con resoluciones firmes por captaciones ilegales a 407, por lo que se han cerrado 60 pozos ilegales en un año marcado por la bronca política a raíz de la proposición de ley de regulación de regadíos, impulsada por PP y Voz en el Parlamento andaluz, y aún no aprobada.

Precisamente, esta misma semana la agencia Efe informaba del caso de cinco hermanos, copropietarios de una finca en el entorno de Doñana, que habían sido condenados a tres años y cinco meses de prisión y una multa de 12.000 euros por extracciones ilegales de agua durante años que llegaron a duplicar el volumen asignado para el riego.

La sentencia considera a los procesados coautores directos de un delito contra el medio ambiente en concurso con otro de daños al dominio público hidráulico, con la concurrencia de la circunstancia atenuante por dilaciones indebidas. Por el delito medioambiental han sido condenados a dos años y cinco meses de prisión y dos años de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el cultivo, y por el de daños a otro año adicional de cárcel. En concepto de responsabilidad civil deberán indemnizar a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) por importe de cerca de 1,97 millones de euros.

Los agricultores del entorno de Doñana han recibido medio centenar de condenas desde 2007 por pozos ilegales, pero de ellas solo 13 son firmes. Muchos más han dejado la actividad por miedo al castigo.