Gibraltar: los flecos pendientes que afectan a la comarca

Hace cuatro meses España, Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron un acuerdo histórico para definir el encaje definitivo de Gibraltar tras el Brexit. De esta manera, se espera establecer un régimen de frontera más fluido, reforzar la cooperación económica y laboral y avanzar hacia una convivencia más estable entre la Roca y la comarca. La eliminación de la Verja se perfila como el cambio más visible y significativo, un hito celebrado por todas las partes y que supondrá todo un revulsivo para la convivencia. Sin embargo, quedan por aclarar otros flecos que afectan a los casi 15.000 españoles que acuden diariamente a la colonia británica a trabajar.

De un lado, tal y como aseguran los colectivos de trabajadores transfronterizos, se deberán garantizar los derechos de estos empleados, incluyendo sus beneficios sociales en igualdad de condiciones conforme al principio de no discriminación. Se deberán articular mecanismos de coordinación, además del intercambio de información entre las autoridades para garantizar su efectivo cumplimiento. Asimismo, las autoridades británicas deberán comprometerse a reembolsar a la Hacienda española la diferencia en las prestaciones por desempleo adelantadas por España a estos trabajadores.

En cuanto al negocio del tabaco, se tendrán que fijar obligaciones de control del mercado gibraltareño y de trazabilidad de estos productos. España podrá supervisar este ámbito gracias al establecimiento de medidas de coordinación e intercambio de información. Asimismo, las autoridades gibraltareñas deberán reducir el precio de los productos de tabaco para que la diferencia de precios con los españoles no sea superior al 32%, como primera etapa hacia la equiparación total de los precios. Todas estas medidas son fundamentales para la lucha contra el contrabando de este producto y su entrada ilegal en España, con los consiguientes efectos que ello tiene en la seguridad de la zona y en la recaudación fiscal.

El acuerdo también deberá contemplar varias cuestiones medioambientales. Entre otras, se deberá establecer el principio de cooperación para asegurar los máximos estándares de protección en toda la zona, con las consecuencias que de ello se deriva en temas como la gestión de los residuos sólidos y líquidos, el control del suministro de combustible a embarcaciones o la investigación científica, incluida la investigación marina a través de buques destinados a tal efecto.

Sobre la cooperación policial y aduanera, se tendrán que reforzar los sistemas de coordinación entre autoridades policiales de la zona con el objetivo de mejorar la situación de la seguridad y frenar la delincuencia en la región. De esta forma, se deberá intensificar la colaboración en la investigación y persecución de toda una serie de delitos, en particular aquellos que afectan en mayor medida a esta zona, incluyendo sus aguas, como son el narcotráfico o la lucha contra el tráfico de personas.

Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, recibió al alcalde de La Línea, Juan Franco, quien le expuso una serie de reivindicaciones no solo del Ayuntamiento, sino de numerosos colectivos sociales y económicos del municipio colindante con Gibraltar, cuyo desarrollo depende en gran medida de las buenas relaciones con la Roca. Entre otras cuestiones, el regidor puso sobre la mesa «temas sociales que tanto preocupan, como la situación de los pensionistas o trabajadores». En este sentido, el ministro trasladó que se está trabajando en la creación de un fondo social destinado a este colectivo.

Igualmente, el alcalde señaló que en la reunión el ministro confirmó que «el calendario que estaba previsto sigue adelante», por lo que se espera «poder llegar a finales de otoño, prácticamente, con la firma del tratado y la ratificación por los órganos competentes y la aplicación de las distintas medidas que se prevén llevar a cabo». Un nuevo horizonte temporal que se espera con impaciencia en la comarca.

Cuando Reino Unido votó a favor del Brexit en 2016, Gibraltar quedó en una situación especialmente delicada. El 96% de su población rechazó abandonar la Unión Europea, pero el territorio británico quedó automáticamente fuera del bloque junto al resto del país al materializarse la salida cuatro años después.

Desde entonces, su relación con España y la UE permanecía en el limbo. Durante más de cinco años no hubo un acuerdo definitivo sobre cómo gestionar la frontera, la cooperación económica o el tránsito de personas y mercancías.