El Gobierno quiere corregir la LECA

El Gobierno de Pedro Sánchez quiere corregir la Ley Economía Circular de Andalucía (LECA) que hace menos de seis meses fue aprobada en el Parlamento andaluz con el respaldo del Partido Popular, en el ejecutivo autonómico, y el del PSOE-A, con Juan Espadas al frente.

Esta ley fue aprobada en marzo de este año. Era la ley estrella de Juanma Moreno de la pasada legislatura, pero el adelanto de las elecciones impidió que saliera adelante antes. Ahora, y a través del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se ha conocido que tres artículos y dos disposiciones adicionales de la pionera norma liderada desde la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul generan «discrepancias» que, en el caso de no resolverse entre ambas administraciones, conllevaría la presentación de un recurso de inconstitucionalidad por parte del Presidente del Gobierno, que podría conllevar la suspensión de la vigencia y aplicación de la Ley durante cinco meses, hasta que el Tribunal Constitucional ratifique o levante dicha suspensión.

Las «discrepancias» que enfrentan a ambas administraciones giran en torno a los artículos 17, 29 y 52, así como a la disposición transitoria primera y la disposición final segunda. Así se recoge en un acuerdo –de 7 de julio– de la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral.

El artículo 17 tiene que ver con la «gestión de bienes no vendidos», y establece, entre otros asuntos, que «los sectores productivos de la economía andaluza reducirán, en la medida de lo posible, los bienes no vendidos destinados a su eliminación, priorizando otros destinos, especialmente en el caso de los productos clave, sin perjuicio de lo establecido en la normativa aplicable».

Por su parte, el artículo 29 se centra en la «gestión circular de los residuos municipales», y en él se determina que «los objetivos en materia de gestión de residuos municipales establecidos en la normativa vigente, y en concreto en la presente Ley, se deberán cumplir de forma independiente, por cada entidad local de Andalucía, salvo aquellos objetivos específicos en materia de responsabilidad ampliada del productor del producto, que se cumplirán en los términos previstos en la normativa básica estatal».

De igual modo, el artículo 52 tiene que ver con la «reducción del desperdicio alimentario» y que «establece como objetivo una reducción de la generación de residuos alimentarios en la producción primaria, en la transformación y la fabricación, la venta minorista y otros tipos de distribución de alimentos, en restaurantes y servicios alimentarios, así como en los hogares, como contribución a los ODS de Naciones Unidas para reducir en un 50% los residuos alimentarios per cápita a escala mundial, en el plano de la venta minorista y de los consumidores, y reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de las cadenas de producción y suministro para 2030».

Por otro lado, la disposición transitoria primera se centra en regular el «fin de la condición de residuo», mientras que la disposición final segunda supone una modificación del número 1 del artículo 38 de la Ley Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Ya se ha designado un grupo de trabajo para proponer a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias una solución.

No es la primera vez que el Gobierno pone pegas a las normativas aprobadas por el Parlamento andaluz durante el mandato de Moreno. Ya fue necesario un acuerdo que evitar el recurso que se planteaba presentar contra 42 artículos y una Disposición Adicional y otra Final de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), la Ley del Suelo aprobada la pasada legislatura. Y, del mismo modo, ocurrió con el Decreto de Simplificación Administrativa, en el que el Estado mostró «discrepancias» con tres artículos referentes a Medio Ambiente y Puertos.

En el sentido contrario, la Junta ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto a las grandes fortunas ideado por el Gobierno de Pedro Sánchez, justo tras la eliminación en Andalucía del impuesto de patrimonio por su posible vulneración de la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas y que ha sido admitido por el Constitucional.