No habrá más VTC porque la demanda «está cubierta» en Andalucía

La coexistencia del taxi y las VTC mantiene un delicado equilibrio en Andalucía que la Junta no quiere alterar. El conflicto llegó a cotas de tensión alta cuando se regulaba la coexistencia de ambos servicios, después de que el Gobierno de España trasladara la responsabilidad a las comunidades en 2022. Con Marifrán Carazo de consejera y tras negociaciones complicadas, se aprobó el Decreto-ley 8/2022, de 27 de septiembre, que modificó la Ley 2/2003, de 12 de mayo, de Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía para garantizar «el beneficio del usuario y la convivencia en armonía entre el taxi y los VTC, teniendo claro que los VTC están limitados por ley a dar un servicio por precontratación». Ahora, la consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, Rocío Díaz, justifica la decisión del Gobierno andaluz de no dar más autorizaciones de VTC porque la demanda «está cubierta»; para garantizar la «convivencia entre el taxi y el VTC» y por «salud pública y medioambiental».

En la visita Sevilla a las cocheras del tranvía de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), Rocío Díaz aludió al informe en que se basa la Junta y que alude a «razones imperiosas de interés general». El Gobierno andaluz «da respuesta al crecimiento descontrolado» del número de solicitudes detectado en los primeros meses de 2025, que «podría repercutir negativamente en la armonía del sector y afectar en su relación con el taxi».

«Este informe justifica que no se concedan más autorizaciones», señala la Junta. Primero, para proteger el medio ambiente y la salud pública, ya que «más autorizaciones supondrán más emisiones de partículas nocivas incluso en el caso de vehículos eléctricos». En segundo lugar, por ocasionar una mayor congestión de tráfico, porque «se ha detectado un elevado porcentaje de trayectos sin pasajeros –35% de los kilómetros recorridos–». En tercer lugar, porque «la demanda está cubierta con la actual flota de vehículos, con un tiempo de espera inferior a diez minutos».

Por tanto, «no se aceptarán más autorizaciones», ya sean de solicitudes a la espera de respuesta y suspendidas o nuevas peticiones. «El objetivo final es velar por el equilibrio del servicio, proteger los derechos de los usuarios y lograr que VTC y taxis presten sus servicios de forma complementaria», subrayaron desde la Administración andaluza. Desde el 1 de enero hasta mediados de abril se han registrado cerca de 1.400 de estas solicitudes frente a las 3.700 autorizaciones vigentes actualmente en Andalucía. En el año y medio anterior sólo se habían presentado 23 solicitudes, recogió Ep.

Desde la Junta consideran que «el Gobierno de España se desentendió desde el primer instante, cargando la responsabilidad en las comunidades autónomas» del conflicto de las VTC y los taxis.

Andalucía ha aumentado también las inspecciones a los Vehículos de Transporte con Conductor. La Junta ha inspeccionado al menos a uno de cada seis de los 3.663 VTC tras la entrada en vigor de la nueva regulación andaluza, por lo que se ha controlado «in situ» a unos 600 vehículos.