El diálogo sobre la Ley de regadíos de Doñana: voluntad unidireccional

La proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva avanza su tramitación en el Parlamento de Andalucía con la comparecencia a lo largo de la jornada de hoy de los agentes sociales en el seno de la Comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda. La iniciativa legislativa de PP y Vox será aprobada, salvo giro inesperado de guion en el largo plazo que aún resta, pero faltan por conocer dos cuestiones prioritarias: primero, en qué se traducirá la propuesta por el diálogo, qué enmiendas al texto original serán aceptadas y hasta qué punto modificarán el articulado propuesto; y, en segundo lugar, si cuando la ley se apruebe, se habrá producido un cambio de Gobierno en España fruto de las elecciones del 23-J o Pedro Sánchez sigue en la Moncloa, algo que conllevaría un recurso al Constitucional y la consiguiente suspensión de la aplicación de la ley hasta su dictamen.

Desde las diez de la mañana y hasta las siete y veinte de la tarde están invitados a participar representantes de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía, COAG, UPA, Asaja, CC OO, WWF, alcaldes de Almonte, Moguer, Lucena, Bonares y Rociana del Condado... y así hasta veintidós representantes de los distintos sectores afectados, incluido Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación del Parque Nacional de Doñana. No acudirá la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ni representación institucional de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en lo que se interpreta por el PP como una gesto de «deslealtad institucional».

Ribera lleva meses culpando a la proposición de ley de los males de Doñana, ha recurrido al insulto a los andaluces y al descrédito de la agricultura onubense, pero la realidad que el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco recordó ayer, es que Europa ha condenado a España por la gestión anterior y no por una iniciativa legislativa que aún puede modularse. La vicepresidenta pareció dar un giro en su discurso cuando se abrió a dialogar con Juanma Moreno la semana pasada, pero la realidad es que ese contacto no se ha producido y que hoy tampoco acudirá a la cita parlamentaria. Según el PSOE, el PP andaluz «va a imponer a fuego una proposición de ley que va a arruinar el futuro del parque nacional y que va a comprometer, de manera muy importante, la credibilidad y la reputación de la agricultura andaluza fuera de nuestra comunidad autónoma y en los mercados internacionales».

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, criticó el informe remitido al Parlamento por la CHG, en el que indicaba que esta PDL «no es compatible con la vigente Planificación Hidrológica de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir» y habla de «engaño» a los agricultores. Díaz aseguró que hasta «COAG ha pedido la dimisión del presidente Joaquín Páez «por su incapacidad y falta de talante para llevar a cabo una gestión tan importante».

Igualmente, la Junta descalifica el informa de la CHG por considerar que supone un trabajo «de todo, menos objetivo, técnico», así como que «podría entenderse la utilización de un organismo público y del trabajo de unos funcionarios en beneficio de un partido político y eso nunca debiera suceder». «Ojalá podamos contar con un próximo presidente del Gobierno el 23 de julio para anunciar compromisos, inversiones, para sectores productivos y no venga solo a pasar vacaciones», concluyó.

En corto

►El portavoz de la Junta confirmó que el Palacio de las Marismillas donde veranea Pedro Sánchez usa agua del acuífero de Doñana que le otorga la CHG dentro de la «legalidad».

►Organizaciones conservacionistas se concentran frente al Parlamento para mostrar su rechazo «al intento de regularización de 650 fincas de regadío ilegales, cuya aprobación sería el golpe definitivo para el humedal».

►El coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero, criticó que el PP «ha vetado» comparecencias «de quienes iban a decir verdades como puños» y lo ha acusado de que con ello busca cerrar el trámite «deprisa y corriendo».