Doñana: pagar por no cultivar y así eludir multas de la UE

El dicho «más vale un mal acuerdo que un buen pleito» explica a la perfección el pacto por Doñana que el Gobierno de la Nación y la Junta de Andalucía presentaron ayer con todo el boato. Por supuesto, ambas administraciones hablaron de día «histórico», de «consenso», de «esfuerzo», de «generosidad» y de «interés general». La realidad fue que dos años y un largo ciclo electoral después, ambas partes entendieron que era mejor ceder y frenar a tiempo la amenaza real de la Unión Europea. Desde que hace hoy casi dos meses se anunciara el inicio de un proceso de negociación se sabía que el principal escollo, la solución al problema social generado con los agricultores del Condado de Huelva que se quedaron fuera del denominado «Plan de la fresa», sería económica o fracasaría. Y así ha sido. Teresa Ribera, vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anunciaron que los agricultores de los catorce municipios del área de influencia del Parque Nacional –Huelva, Sevilla y Cádiz– que decidan reforestar la superficie dedicada a la producción intensiva de frutos rojos recibirán 100.000 euros por hectárea. Solo la cifra de 750 hectáreas que el PP estaba dispuesto a declarar de regadío en el Condado a través de la proposición de ley ya decaída, supondría un gasto de 75 millones de euros. Habrá quien piense que es excesivo, pero mucho más caro saldría hacer frente a multas de la Unión Europea como a las que semestralmente sigue haciendo frente España por falta de depuración de aguas residuales –la cantidad abonada se eleva ya a 80 millones–. Y, lo más importante, el gasto por reducir la superficie invernada tendrá un impacto favorable inmediato sobre los acuíferos del mayor humedal de España y joya del medio natural.

TRES ALTERNATIVAS

►Dejar de cultivar gracias a una ayuda de 100.000 euros por hectárea, a cobrar en cinco años. Tendrán que renaturalizar o reforestar los suelos. El 70% lo aportará el Gobierno de España; la Junta andaluza, un 20%; y la Diputación de Huelva, el 10% restante.

► Reconvertir los cultivos a secano. Ayuda por hectárea a vid, olivos, o cultivos industriales, almendros u otros alternativos. Se calculará a tanto alzado. Se concederá durante 5 años, por un máximo de 2.500 €/ha. Compromiso de mantener el cultivo nuevo al menos 10 años.

►Reconversión a producción ecológica. La ayuda se pagaría anualmente durante el mismo tiempo que se reciba la ayuda autonómica ya existente y con un máximo de 5 años. Sería de un montante de 1.000 €/ha.

En junio de 2021, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia contra el Reino de España por incumplimiento de las obligaciones de la Directiva Marco del agua y de la Directiva de conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Y hace algo más de un año, el 15 de julio de 2022, la Comisión Europea abrió procedimiento de infracción al Reino de España por incumplimiento de la ejecución de la citada sentencia. Bajo esta amenaza, resulta lógico que Ribera destacase nada más iniciar su discurso que acababa de enviar un mensaje al comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, informándole del acuerdo.

Y Juanma Moreno se apresuró a recordar que la proposición de ley de la discordia pasaba a la historia y a presumir porque el acuerdo «protege y blinda» Doñana. «Bien está lo que bien acaba», enfatizó el presidente, que no se arrepiente de haber llevado tan lejos la proposición de ley porque quizá sin ella el Gobierno no habría reaccionado como lo ha hecho al final. Por su parte, Ribera, que repitió una y otra vez que no compraría terrenos a agricultores que considera alegales, acaba cediendo y primando a esos propietarios, pero ampliando el área de beneficiarios a todos los municipios del radio de afección del parque.

El portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva, Julio Díaz, insistió en que «si no hubiese sido por los agricultores, por la Plataforma y por la proposición de ley, no habría un impulso socioeconómico en la zona de más de 1.400 millones de euros». Por otro lado, el presidente de la Plataforma, Romualdo Macías García, confía en que cambie a partir de ahora la falsa imagen que de ellos se ha creado: «Basta ya de esta criminalización porque nuestros productos son los mejores, los que más calidades tienen en el mercado y no podemos pasar por lo que pasamos el año pasado, esta criminalización de mercado. Quiero decir una vez más que los agricultores del condado han demostrado estar a la altura».

El acuerdo afecta a todo el área de influencia del espacio natural Doñana, que comprende los siguientes catorce municipios: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva), Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas, y Villamanrique de la Condesa (Sevilla).

Las organizaciones ecologistas aplaudieron el acuerdo, aunque esperan que no se beneficien quienes roban agua o tienen abierto expedientes. Ribera quiso dejar claro que hay una «amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal» y defendió la «seguridad jurídica» del acuerdo.

Junta y Gobierno adornaron el pacto con cifras mastodónticas, la mayoría ya previstas en la planificación hidráulica y agraria de los respectivos departamentos. Así, el Ministerio suma a los 356 millones anunciados hace un año dentro del marco de mejoras otros 350 millones ahora para el desarrollo sostenible del entorno del parque hasta 2027. Y el Gobierno andaluz rememora las obras hidráulicas ya anunciadas por valor de 335 millones en depuración, abastecimiento y embalses, así como 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización. Incluye incluso los 23,5 millones destinados al sector pesquero, a lo que se suma un importante paquete de medidas ambientales, entre las que destaca la ya anunciada adquisición por parte de la Junta de 7.500 hectáreas de la finca Veta la Palma para mantenerlas inundadas todo el año. El acuerdo también recoge la posibilidad de integrar la generación de energía renovable en el entorno de Doñana; impulsar con 70 millones iniciativas y proyectos de los 14 ayuntamientos del área de influencia de Doñana; y destinar 32 millones a mejorar las condiciones de vida de los temporeros.

Una marca de garantía vinculada al Parque Nacional

►El Gobierno se compromete a facilitar la asistencia técnica necesaria por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para que el sector productor, a través de sus organizaciones y cooperativas, pueda impulsar la creación de una marca de calidad, al amparo de la cual pueda comercializar una gama amplia de productos. Se fijará una hoja de ruta con las actuaciones a desarrollar por los agentes del sector, para poder establecer una marca de calidad, los productos que podría comprender y los requisitos para que pudieran acogerse a la misma.