Doñana: la salida de los agricultores afectados no pasa por la fresa

La vicepresidenta tercera del Gobierno en funciones y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha subrayado este martes que "no hay derechos de riego" nuevos "ni agua posible" en el entorno del Parque Nacional de Doñana afectado por la proposición de ley impulsada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la regularización de regadíos en la comarca del Condado de Huelva, al tiempo que ha apuntado que no sabe si la Junta de Andalucía contempla la compra de terrenos en la zona.

Son declaraciones que la ministra en funciones ha realizado en Canal Sur Televisión, al día siguiente de la primera reunión que representantes de los gobiernos central y andaluz mantuvieron este lunes sobre "cómo impulsar un plan de desarrollo territorial y social del que se beneficien los habitantes, los vecinos de los municipios en el área de influencia de Doñana", según ha apuntado Teresa Ribera. La vicepresidenta ha coincidido con la Junta en señalar que "ha habido avances" en esa reunión, pero ha remarcado que "no es posible poner más territorio en regadío porque no hay agua", de forma que eso "no tendría sentido ni sería viable en el medio y largo plazo".

De esta manera, ha explicado que esos "avances" de la reunión consistieron en "la identificación de aquellas orientaciones generales de trabajo", partiendo de la base de que desde el Gobierno central están "dispuestos a poner una cantidad de dinero muy importante para asegurar que no falten recursos económicos" que "gestionaremos directamente a través de las propuestas" recibidas. Ha detallado que "muchas" de ellas ya se han venido "identificando", y "otras seguro que son mejoradas en ese diálogo con los distintos actores, tanto socioeconómicos como los ayuntamientos, la propia comunidad académica y organizaciones sociales".

"Y desde la Junta de Andalucía también tienen algunas ideas, algunas propuestas que compartir, que impulsarán y que pondremos juntos en ese marco de trabajo que queremos presentar como muy tarde dentro de un mes", según ha abundado Teresa Ribera antes de insistir en subrayar que "no se trata de hablar de regadíos donde no hay derechos de riego ni agua posible, sino de progreso, de desarrollo social y económico de los habitantes del área de influencia de Doñana".

"NO HAY MÁS AGUA"

En esa línea, ha aseverado que el "marco de actuación" del Gobierno es "el marco jurídico y las obligaciones internacionales, sabiendo que hay una limitación física", la de que "no hay más agua", de forma que "no es posible reconocer derechos de riego en un espacio en el que ya hubo un análisis complejo que culminó en el año 2014". "Se trata de buscar alternativas que sean viables en el tiempo, y eso no pasa por reconocer lo que no hay, que es agua", según ha abundado Ribera antes de agregar que su "máxima aspiración" es que el "plan que está pensado" por el Gobierno sea "viable a medio y largo plazo" y "respaldado por todos los vecinos".

Así, ha apostillado que "las soluciones de medio y largo plazo en esta comarca no es lo que diga un grupo de algunas personas" que se inserta "dentro de un conjunto mucho más numeroso, y probablemente mucho más plural".

COMPRA DE TERRENOS

A preguntas de los periodistas sobre si la Junta podría estar interesada en la compra de terrenos en el entorno de Doñana, la ministra ha respondido que desconoce si la Administración andaluza tiene "dentro de sus propuestas la compra de terrenos", pero ha añadido que ella sí puede "asegurar que el Ministerio" que ella dirige no lo contempla, y que su departamento "no puede comprar terrenos por muchas razones", partiendo de la de que "nuestros recursos públicos están destinados a acciones ambientales o sociales vinculadas a esa acción ambiental", de forma que la compra de derechos de agua no se puede llevar a cabo "en zonas de secano donde no hay derechos de agua y el Ministerio no es propietario de terrenos que no tengan un peso ambiental muy importante por riqueza ecosistémica o derechos de agua".

"Así que está completamente descartado que el Ministerio vaya a comprar suelo que no tenga algo vinculado a la recuperación de agua directa del Parque Nacional de Doñana", para lo cual "deberíamos tener derechos de agua antes que no existen, así que es algo inviable", ha enfatizado Teresa Ribera antes de apostillar que lo que no descarta es que "la Junta, en un determinado momento, considere que, por otro tipo de razones y con cargo a otro tipo de partidas, esté en condiciones de comprar esos terrenos".

Además, la vicepresidenta tercera ha puesto de relieve que "muchos de los metros cuadrados de los que hablamos, de las hectáreas, son suelos municipales que en ocasiones están siendo utilizados porque los ayuntamientos así lo han facilitado para otro tipo de actividad agraria".

"Se trata de buscar qué tipo de actividades son viables en ese suelo, y ahí sí que el Ministerio está en condiciones, porque es importante el impulsar la adaptación a los efectos del cambio climático, el que sean cultivos que generen riqueza, el que haya una agroindustria detrás, quizá buscando la recuperación de explotaciones que antes existían y que fueron decayendo, como los pinos piñoneros o el reforzamiento de la uva del Condado, pero directamente no podemos comprar un suelo ni derechos de agua que no existen", ha razonado la representante del Gobierno.

Sobre la reunión prevista este miércoles entre los representantes de la Junta y el Gobierno en Huelva con agricultores, Teresa Ribera ha indicado que por parte del Ministerio están "en condiciones de ofrecer" a éstos "todo el acompañamiento que se requiera para poner en valor su suelo con actividades que sean compatibles con esa protección de Doñana y esa falta de agua".

"Esto probablemente es más trabajoso que decir 'firmo un cheque y se acabó', pero es lo único que perdura en el tiempo", ha argumentado la ministra antes de agregar que "es bueno" que sean los propios agricultores "los que nos ayuden a identificar programas bien vinculados a actividad primaria y agraria en sentido estricto con otro tipo de cultivos más resistentes a los efectos del cambio climático".

Ha añadido que "el propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, "ha dicho muchas veces que el cambio climático, que la disponibilidad de agua, es una de las grandes amenazas para Andalucía", por lo que ha animado a buscar "aquello que sea resistente a esos efectos del cambio climático, o bien actividades de valor añadido, es decir, que esa materia prima que acaba exportándose sin generar valor añadido, que quede en la región, pueda ser tratada, pueda ser origen de otro tipo de productos que sean procedentes de la propia comarca, del Condado y de las áreas limítrofes".

"Yo creo que estamos en un momento en el que lo importante es pensar cómo aprovechamos esta oportunidad, hoy que sí tenemos un recurso vinculado a que no haya afección significativa al medio ambiente, que es un criterio exigido por la propia Comisión Europea, pero que también es una gran oportunidad para establecer unas nuevas fuentes de creación de riqueza en la zona", ha manifestado Teresa Ribera para concluir.

Por su parte, el portavoz del Gobierno andaluz y consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha querido dejar claro este martes que aún no hay acuerdo con el Ejecutivo central sobre la situación del parque nacional de Doñana y ha valorado que haya reconocido que existe un problema importante con los agricultores de la zona de la corona norte del Condado de Huelva, que llevan en una situación de "indefensión" desde el año 2014.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Fernández-Pacheco ha indicado que se puede hablar de que hay "avances" en las negociaciones con el Ejecutivo nacional, al que han detectado un "cambio de actitud de 180 grados". Ha indicado que ambas administraciones tienen interés por llegar a un acuerdo satisfactorio para todos las partes, que pasa, en opinión de Fernández-Pacheco, no sólo por la preservación del acuífero de Doñana, sino también por aportar soluciones a las familias del condado.

"El Gobierno ha entendido que el problema existe y que no se puede mirar para otro lado", ha valorado Fernández-Pacheco, para quien hay que "analizar caso a caso", arreglar lo que se hizo mal en 2014 y subsanar los posible fallos del plan de ordenación. Ha recalcado que la solución "no puede ser ideológica, sino real". Ha explicado que el Gobierno central trasladó que el plan de mejoras ambientales del parque del pasado año contempla 100 millones de euros para la compra de derechos de agua, que no son para repartirlos a nuevos agricultores, sino para preservar el acuífero.

En este sentido, para el consejero andaluz, "la clave" está en los 350 millones de euros que el Gobierno ha indicado que se van a destinar al territorio. A su juicio, la clave es que aterricen en proyectos concretos y ayuden al desarrollo del área socioeconómico del parque. Esa cantidad la ha desvinculado de las obras hidráulicas pendientes, porque "no puede ser para lo que prometieron hace cinco años". Ese dinero, según ha dicho, tiene que materializarse en un plan de actuación en el territorio que permita reactivar la economía, con la potenciación del producto, y crear puestos de trabajo.

Fernández-Pacheco ha anunciado que, entre hoy y mañana, habrá una reunión con los agentes sociales y económicos, con los agricultores, con la plataforma de afectados y con los alcaldes de la zona. Ha insistido, en cualquier caso, en que en este momento "acuerdo no hay, sino que el único acuerdo es que vamos a trabajar por lograr un acuerdo". Para el portavoz del Gobierno andaluz, un mes es un plazo "razonable" para saber a "ciencia cierta si hay una solución o no": "Lo que no vamos a hacer es perder el tiempo".