Mari Luz Cortés: 16 años del crimen que removió la Justicia en España

Los crímenes prescriben antes que las heridas. Se cumplen 16 años de la muerta de la niña Mari Luz Cortés. Cuando se cumplieron 15, su asesino, Santiago del Valle escribió sus memorias en prisión en las que negaba ser el autor del crimen pero admitía delitos de abusos sexuales durante su vida. Sin beneficios penitenciarios, Del Valle saldrá de prisión en 2041. Se consideran hechos probados que la tarde del 13 de enero de 2008 Mari Luz Cortés fue interceptada en la avenida de las Flores del barrio de El Torrejón, en Huelva. La niña apareció casi dos meses después en la ría de Huelva.

Se cumplen, en definitiva, 16 años del caso que destapó de súbito las carencias judiciales en España. Aquel 13 de enero de 2008 fue la última vez que fue vista con vida la pequeña onubense Mari Luz Cortés. Su muerte sumada a una serie de errores judiciales que pudieron propiciarla desató una ola de solidaridad y protestas en España que culminó –tras otros casos como el de Marta del Castillo o el Diana Quer– con la implantación de la prisión permanente revisable. «Tuvo que morir una niña para que un pederasta le enseñara al ministro la situación insostenible de los juzgados españoles», comentó en su día a este periódico José Luis Requero, ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La sociedad también cuestionó el corporativismo judicial, dado que se acabó sancionando seis meses a una secretaria judicial. Desde el prisma de los jueces, todos los magistrados consideraron que, dada la falta de medios, le podía haber pasado a cualquiera.

El padre de Mari Luz siempre apuntó que el asesinato de su hija fue «una llamarada» que permitió a la sociedad darse cuenta de los problemas del sistema judicial y la pederastia.

La muerte de Mari Luz Cortés evidenció las costuras del sistema, que aún se ve, con los juzgados colapsados y la Justicia como la cenicienta en las inversiones.

En el primer aniversario del «caso Mari Luz», el padre de la víctima decía sentirse «satisfecho» de su lucha porque, explicó, «los ciudadanos somos los verdaderos soberanos, no los políticos, y si algo no funciona no podemos quedarnos en casa y esperar a que lo solucionen otros, sobre todo porque nosotros, la sociedad, somos los perjudicados». Con Mari Luz, murió una niña y nació un político efímero. «Un predicador», para otros. Juan José Cortés, el hombre de talante sereno se manifestó un 7 de julio de 2008 frente a los juzgados del Prado de San Sebastián de Sevilla, llenando la plazoleta de gentes, espontáneos, policías y cámaras. El hombre tranquilo de tez morena que se recorrió el país con un chándal del Recreativo de Huelva se plantó ante los juzgados para exigir «una Justicia justa», así en genérico; y, un particular, «el fin de la carrera judicial del juez Tirado», que era el magistrado que condenó a Santiago del Valle, el presunto violador y asesino de su niña de cinco años, Mari Luz, sin que se llegara a cumplir la pena.

La clave de bóveda del caso fue que Santiago del Valle debía estar en prisión por condenas previas cuando raptó a la niña gitana del extrarradio de Huelva la tarde en que salió al kiosco a comprar chucherías. «La Justicia es como las serpientes: sólo muerde a los descalzos», decía Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador. «Nosotros ya somos perpetuos», explicaba Juan Cortés, el abuelo de la niña, para concretar que están «condenamos a perpetuidad por la muerte de Mari Luz». La madre pidió al juez Tirado «que se mire al espejo, que sus espaldas están llenas de muerte». Juan José Cortés, que devenía en súbita estrella mediática con la que el gentío se fotografiaba con el móvil –pancartas de fondo, porte señorial de gitano pobre honrado–, con su lucha perdida, la de gritar lo obvio en el desierto, era la frase de Kierkegaard hecha carne: «Pierde más quien pierde su pasión que quien se pierde con ella». Esa jornada en el Prado de San Sebastián, las señoras besaban a Cortés, le abrazaban y le metían 10 euros en el bolsillo. «Para que compres flores a Mari Luz». Otra mujer, desvanecida en el suelo, clamaba: «Toda mi vida llevo buscando a dios y, por fin, lo he encontrado»; aludiendo a Juan José Cortés. Esa mañana, el juez Tirado se pasó por el juzgado de lo Penal número 1, y salió antes, por otra puerta. «Voy para casa», contestó sobre las 13:00 horas, vía sms.

Unos errores en el control de las ejecutoria permitieron que siguiera libre Santiago del Valle, el asesino de la niña, que había sido condenado por el juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla que entonces dirigía Tirado. «Responsable», como dice Cortés, de una muerte. Responsable para unos y víctima, para otros, de un sistema imperfecto. Un sistema que amparaba «las cadenas de errores judiciales» como después las cadenas perpetuas revisables para perpetuar su funcionamiento, en base al principio empírico de que «le podía haber pasado a cualquiera». Y le tocó a Tirado. Le tocó a Cortés. Y le tocó a Mari Luz. Hace 16 años murió una niña y nació un predicador, que se dedicó a la política efímeramente, fichado por Zoido para el Ayuntamiento de Sevilla, primero (con escasa presencia laboral, criticaron) y luego Pablo Casado como asesor de justicia, entrando en la lista por Huelva.

La Audiencia de Huelva condenó en 2011 a Santiago del Valle a 22 años de prisión por el asesinato de Mari Luz. A los diez años ya pedía el tercer grado. Estudiaba Derecho en prisión. En junio de 2022, murió a los 58 años el magistrado Rafael Tirado. Tras la polémica del caso Mari Luz, pasó a los juzgados de lo Contencioso-administrativo. El Supremo confirmó en mayo de 2010 una sanción de 1.500 euros, señalando que la culpa de que el asesino siguiera libre no fue sólo del magistrado, sino de la «pasividad» de la Fiscalía de Sevilla y de la Junta de Andalucía.

Juan José Cortés, aparte de la política, ha seguido como predicador evangelista. Cortés, que se deja ver en manifestaciones y en apoyo a familias en distintas tragedias tiene una nieta que se llama Mari Luz en memoria y homenaje a la pequeña con cuya muerte se rompieron las costuras de la Justicia en España.