La «solución» del Ministerio a Doñana, similar a la que fracasó en 2014

Las negociaciones entre el Gobierno de España y el autonómico para alcanzar un acuerdo en torno a Doñana tienen hoy una cita importante. A las 13:30 horas está prevista una reunión con representantes de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina a las familias afectadas por la regulación que se hizo en 2014 y que iban a ver satisfechas sus demandas con la proposición de ley presentada por el PP y Vox en el Parlamento que califica sus terrenos como regables, suspendida para tratar de alcanzar un acuerdo entre ambas administraciones.

Encontrar una solución no es sencillo, sobre todo porque el planteamiento inicial del Ministerio pasa por el Marco de Actuaciones para Doñana, un documento presentado hace un año que va en la misma línea del Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana en los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado de Huelva aprobado en 2014. Ese plan dejó fuera a muchos de los agricultores que son los que precisamente denuncian que las fórmulas que contemplaba ese texto para regularizar su situación y subsanar los errores que se cometieron en su día no es operativo.

No solo eso. El programa de medidas complementarias de dicho Plan no se ha cumplido. Muchas de las actuaciones contempladas han sido incluidas en el Marco de Actuaciones para Doñana presentado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto demográfico.

Por ejemplo, en el Plan de 2014 ya se constaba la existencia de un déficit hídrico y se señalaba que «para la mejora y optimización de los recursos hídricos que hagan posible y efectivo el riego de los suelos agrícolas, se establecen medidas dirigidas tanto a la mejora en el ahorro con técnicas de regadío, como a la reestructuración de las fuentes de abastecimiento, mediante la provisión de aguas superficiales para riego a corto o medio plazo»

También entre las medidas complementarias que se iban a poner en marcha a partir de 2014 se hacía referencia «a los cultivos tradicionales, entre ellos los viñedos y frutales en secano, cuya compatibilidad con el medio natural está garantizada» y que «supone una actividad que aporta áreas de interés para la biodiversidad por lo que se entiende como un elemento más de lo que venimos a llamar espacio natural».

Precisamente, la ministra Teresa Ribera insistió ayer en este asunto en declaraciones en Canal Sur Televisión tras descartar nuevos derechos de riego en torno a Doñana aunque sean aguas superficiales. «Se trata de buscar qué tipo de actividades son viables en ese suelo, y ahí sí que el Ministerio está en condiciones, porque es importante impulsar la adaptación a los efectos del cambio climático, el que sean cultivos que generen riqueza, el que haya una agroindustria detrás, quizá buscando la recuperación de explotaciones que antes existían y que fueron decayendo, como los pinos piñoneros o el reforzamiento de la uva del Condado, pero directamente no podemos comprar un suelo ni derechos de agua que no existen».

Otro incumplimiento del Plan de 2014 es el relativo a inversiones, cuantificadas en 57 millones de euros: «Las actuaciones inversoras propuestas en este Plan Especial deberán estar ejecutadas o encontrarse en proceso de ejecución en un plazo no superior a quince años», es decir, en 2029. En el caso de las actuaciones « a corto plazo», se estipulaba un periodo de cinco años y en las de «medio plazo», un máximo de diez años. Entre las primeras se incluía la «clausura de captaciones subterráneas no regularizadas», compromiso que ahora se retoma en el Marco de Actuaciones para Doñana.

En este clima de desconfianza, los agricultores del Condado de Huelva plantean que se apruebe la Proposición de Ley que reconozca como regable las hectáreas que se quedaron fuera de ordenación. Ese sería el primer paso para «legalizar» de hecho sus propiedades a través de un análisis «caso a caso», que podría acabar con tierras puestas en cultivo con aguas superficiales o compradas por la Administración . «No es que haya fincas que estén irregulares y otras que estén regulares, es que hay fincas que están partidas y son parcialmente regularizadas y otras están en situación irregular por esa mala ejecución del Plan de la Corona», defienden desde la Plataforma.

De hecho, el propio Plan de 2014 ya reconocía este hecho y señalaba que «existen discordancias entre la información cartográfica aportada por los Ayuntamientos, el plano de usos del suelo de 2004, las ortofotos y la realidad constatada en el terreno».

En principio, la ministra Ribera no está de acuerdo y ha advertido de que «no es posible reconocer derechos de riego en un espacio en el que ya hubo un análisis complejo que culminó en el año 2014». Las posturas, de momento, están alejadas.