Juanma Moreno reprocha a Juan Espadas su estrategia de "fango"

La izquierda andaluza cree haber encontrado un posible caso de corrupción con el que erosionar al Gobierno de Juanma Moreno, basándose en la adjudicación de contratos menores fraccionados por parte del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de una práctica habitual aunque el PSOE considera que su fraccionamineto y el uso una vez que la emergencia por la pandemia había concluido son ilegales, motivo por el que ha acudido a los tribunales.

Durante la sesión en el Parlamento de Andalucía, Juanma Moreno ha acusado al líder de la oposición, Juan Espadas, de recurrir al "fango", ser "irresponsable" y "faltar a la verdad". El presidente andaluz ha puesto como ejemplo que en 2018, último año de Gobierno socialista, el SAS adjudicó 791 millones de euros en contratos menores pese a que no existía "pandemia". Así lo puso de manifiesto la Intervención en su informe correspondiente advirtiendo que "se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".

Moreno también recordó que Espadas, en su etapa como consejero de Vivienda, el 96% de los contratos que adjudicó eran menores. Durante su etapa como alcalde de Sevilla, el actual secretario general del PSOE-A recurrió en 9 de cada 10 casos a este tipo de contratación, según constató el Tribunal de Cuentas.

Previamente a la sesión de control, Juan Espadas situó la contratación pública irregular y "a dedo" en la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) como 'modus operandi' del Gobierno de Juanma Moreno al frente de la Junta.

Los socialistas han hecho público hoy que el Juzgado de Instrucción 13 de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia presentada por los parlamentarios socialistas por posible malvesación y prevaricación en contratos de Salud con la sanidad privada por un montante de casi 300 millones de euros.

La denuncia y la apertura de investigación sobre un montante de casi 300 millones de euros se suma al supuesto fraccionamiento de miles de contratos en posible fraude de ley, recogido en un informe de la Intervención y con los que también se habrían repartido "a dedo" más de 450 millones de euros a distintas empresas en el ejercicio de 2021, ha recordado.