La Junta desconfía y se persona en la expropiación del Algarrobico

Por muchos titulares grandilocuentes que se suceden a diario sobre el fin del polémico hotel de Azata del Sol ubicado en la playa del Algarrobico (Carboneras), el asunto está lejos de dar carpetazo. Las administraciones implicadas siguen sin ponerse de acuerdo y la ficha siempre vuelve a la casilla de salida. Los últimos movimientos tampoco despejan dudas.

Por un lado, el Ayuntamiento de Carboneras aprobó ayer la modificación de su PGOU para declarar no urbanizables los terrenos donde se asienta el hotel y dar cumplimiento, así, a la sentencia del TSJA. Pero, al parecer, desde el Consistorio están tratando de ralentizar el proceso, temerosos de que la promotora del hotel, Azata del Sol, les reclame una indemnización millonaria que las arcas municipales no serían capaces de hacer frente. Y es que, según advirtió la secretaria municipal, el informe del Consistorio presenta «numerosos procedimientos judiciales abiertos, actuaciones pendientes de cumplimentar y requerimientos judiciales sin cumplir».

Desde el PSOE municipal criticaron que no se ha cumplido con la sentencia del TSJA en todos sus términos, lo que podría dar a «impugnaciones legales». El alcalde carbonero, Salvador Hernández, mostró, por su parte, el hartazgo del caso del Algarrobico, «una pesadilla judicial» que está costando cientos de miles de euros a las arcas municipales».

Lo que pretende el alcalde es que sean el Gobierno y la Junta de Andalucía los que lleguen a un acuerdo que exima de toda responsabilidad al Ayuntamiento para evitar el pago de indemnizaciones. Y la Junta, tras varios tira y floja, no descarta apoyar la propuesta de expropiación del Ministerio de Transición Ecológica.

Ayer, el Ejecutivo de Juanma Moreno anunció que se personará en este procedimiento expropiatorio «tras más de cinco meses sin recibir información alguna por parte del Gobierno de España». Este anuncio llega después de que la consejera de Medio Ambiente, Catalina García, tendiera la mano al Gobierno para llegar a un acuerdo común que pusiese fin al Algarrobico, tal y como se ha hecho con Doñana. Pese a las buenas intenciones, la respuesta del delagado del Gobierno fue que la única medida factible es la expropiación, sin dar pie a ningún tipo de diálogo o negociación. Quizá por ello, la Junta de Andalucía haya decidido finalmente personarse en el proceso de expropiación anunciado en febrero por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero.

La personación en este procedimiento, expusieron desde la Junta, tiene como fin «ejercer un papel activo en este proceso promovido por el Gobierno de España, al que la Junta no ha tenido acceso pese a haberlo solicitado de forma reiterada». En la última comisión mixta de seguimiento mantenida entre ambas administraciones, la Junta recuerda que se acordó que «el Ministerio facilitaría a la comunidad autónoma la documentación relativa a la expropiación». Ante la falta de respuesta, y con el tiempo comprometido ya vencido, el Ejecutivo andaluz ha dado el paso de incorporarse formalmente a este expediente «para tener conocimiento de los actos previstos y poder valorar su alcance». Desde la Junta de Andalucía subrayaron que esta decisión «no persigue entorpecer el proceso, sino todo lo contrario: reforzar el compromiso de las administraciones implicadas con la demolición del edificio ilegal y la restauración ecológica de una de las zonas más valiosas de la costa andaluza».

En este sentido, recordaron que el pasado 10 de febrero, María Jesús Montero, «aseguró públicamente que el hotel sería derribado en un plazo de cinco meses» y que «Hoy, transcurrido el tiempo anunciado, el procedimiento continúa sin avances palpables y sin que la Junta tenga información».