Citan como investigado al gobierno de Alhaurín de la Torre por prevaricación

El alcalde de Alhaurín de la Torre (Málaga), Joaquín Villanova (PP), y su equipo de gobierno han sido citados a declarar como investigados por un juzgado por los supuestos delitos de prevaricación y contra los recursos naturales y el medio ambiente, según ha dado a conocer este miércoles Izquierda Unida (IU).

Se trata de posibles irregularidades administrativas en la actividad del campo de tiro “Jarapalo” sobre las que los investigadores del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han emitido un atestado remitido al Juzgado de Instrucción número 14 de Málaga y a la Fiscalía de Medio Ambiente.

El atestado, al que ha tenido acceso EFE, se produce a raíz de la denuncia formulada por concejales de Adelante Alhaurín que ejercen la acusación popular contra el ayuntamiento de Alhaurín y el club de tiro.

El juzgado cita en una providencia a declarar como investigados a la Real Sociedad de Tiro de Pichón de Málaga, el alcalde (el 13 de diciembre) y concejales.

Según IU, el referido campo de tiro carece de licencia de apertura y su actividad está contaminando, por metales pesados, el arroyo de la Breña, un afluente del río Guadalhorce, lo que -según esta formación política- conoce el ejecutivo local, que -indica esta fuerza- “se ha negado a adoptar las medidas oportunas”.

El coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero, ha pedido este miércoles al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, que “deje de ser complaciente con la corrupción” ante este caso.

IU precisa que hasta 12 concejales del PP, que forman o han formado parte del equipo de gobierno de Villanova, han sido llamados a declarar por el juzgado a raíz de una denuncia ante la Fiscalía, “que advirtió indicios de delito y solicitó un informe al Seprona, tras el cual decidió denunciar los hechos al juzgado”.

El concejal de Unidas Podemos en Alhaurín de la Torre, Javier Caravias, ha recordado que ya informaron de las presuntas irregularidades ahora en investigación judicial en 2017 “y el alcalde no atendió la petición de que se investigara la contaminación por plomo del arroyo y que se acabara con las irregularidades administrativas”.

El edil ha señalado que “queda claro, con un informe demoledor del SEPRONA, que existe contaminación ambiental y que no hay licencia de apertura”.

El también concejal Eduardo Sáez ha recordado que “ante la inacción del equipo de gobierno durante años”, en abril del 2021 volvieron a presentar una moción “para recordar las irregularidades existentes y los vertidos de plomo y metales pesados en el arroyo de la Breña, con el consiguiente riesgo para los acuíferos”.

Según Sáez, pidieron al equipo de gobierno que instara a la empresa a regularizar su situación, pero ante la negativa del alcalde les advirtieron de que pondrían los hechos en conocimiento de Fiscalía.