Más empleo y cotizantes en Andalucía, pero también más despidos

El mercado laboral andaluz experimenta un comportamiento excelente en los últimos meses. Los datos correspondientes al pasado mes de abril señalan que el paro descendió en Andalucía en 24.119 personas, situándose la cifra de desempleados en 619.103 inscritos, la cantidad más baja desde agosto de 2008. Con esas cifras, la comunidad consiguió liderar el descenso del desempleo en términos absolutos en España, aportando más de uno de cada tres parados menos del país (35%).

Los datos ofrecidos el pasado martes confirman que el paro se ha reducido en Andalucía en 59.476 personas en los últimos doce meses, encadenando descensos interanuales durante 48 meses consecutivos, desde mayo de 2021.

Respecto a los datos de afiliados a la Seguridad Social, Andalucía cerró el mes de abril con una cifra récord de 3.521.802 cotizantes, la más alta de la serie histórica, favorecida por un incremento de 53.980 afiliados (1,6%) respecto al mes anterior.

Esta tendencia del mercado laboral, similar a nivel nacional, tiene otra cara: el aumento de los despidos. El año 2023 cerró con un balance de 606.625 despidos en el conjunto de España, cifra muy superior a los 528.413 de 2022 y aún mayor de los 474.936 de 2019. En 2023, las empresas implicadas en despidos fueron 285.578, lo que supuso una subida con respecto al año anterior del 10,1%. Por sector de actividad económica, en 2023, el mayor número de despidos se realizaron en el sector servicios, 388.932 (70,8%), seguido de la construcción, 80.863 (14,7%), la industria, 61.877 (11,3%) y el sector agrario, 18.041 (3,3%).

Las estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social también señalan que por tipo de contrato, en 2023, el mayor número de despidos se realizaron en contratos indefinidos a tiempo completo, 340.201 (62,0%), seguido de los despidos en contratos indefinidos a tiempo parcial, 123.416 (22,5%), y los despidos en contratos fijos discontinuos, 35.864 (6,5%).

Las empresas con menor tamaño en cuanto a número de trabajadores han sido las que más aligeraron sus plantillas. En concreto, las empresas de menos de 10 trabajadores implicadas en despidos fueron 140.627 (63,2%).

En el caso concreto de Andalucía, la región se situó en 2023 en el segundo lugar con 107.983 despidos, prácticamente los mismos que se produjeron en Cataluña (107.849) y ligeramente por debajo de la Comunidad de Madrid, que con 109.102 despidos lideró esa clasificación.

Ahora bien, la indemnización media fue de las más bajas en Andalucía, con 3.494,5 euros. En Madrid alcanzó los 11.054,2 euros; en Cataluña, 9.323,4 euros; 6.184,7 euros en Galicia; y 5.564,3 euros en la Comunidad Valenciana, entre otros. Solo en Extremadura, con 2.424,9 euros la indemnización media fue menor.

A falta de los datos definitivos de 2024, la tendencia se acrecentó. De hecho, según datos de la Seguridad Social, en España se registraron más de un millón de ceses por despido, incluyendo despidos colectivos y otras causas de extinción del contrato.

Muchos de estos despidos acaban en los juzgados, lo que supone una nueva carga para la justicia, que reiteradamente denuncia su saturación y falta de medios. Según la memoria de 2024 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, «los despidos en los Juzgados de lo Social han aumentado de nuevo una anualidad más (un 13%), registrándose 27.014 frente a los 23.933 del año 2023». Igualmente, «la pendencia (22.954) ha subido un 17% respecto al año anterior y sigue poniendo de manifiesto la necesidad de medidas de apoyo a la jurisdicción social, donde se trabaja en una situación muy generalizada de sobrecarga y retraso alarmante en la tramitación de los procedimientos y señalamiento de juicios en algunos partidos judiciales».

Señala el TSJA que «las provincias con mayor número de ingresos continúan siendo Málaga (6.407 despidos ingresados) y Sevilla (6.676 despidos ingresados)». «Por materias, los asuntos registrados en los Juzgados de lo Social se distribuyen en 33% de despidos, 31% de Seguridad Social y 27% de reclamaciones de cantidades; materias de otro índole, un 3% y derechos fundamentales y libertad públicas y movilidad geográfica y otras modificaciones en el trabajo representa el 2% del total de asuntos laborales respectivamente; finalmente, los conflictos colectivos, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, impugnación de actos administrativos en materia laboral y social, y materia electoral están en torno al 1% del total de ingresos, respectivamente».

No superar el periodo de prueba y despidos disciplinarios son las fórmulas más utilizadas.