Otra pieza de los ERE a juicio: 32,3 millones y más de 20 personas serán enjuiciadas

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Daniel Alberto Rivera, el exmiembro de UGT y presunto "conseguidor" de subvenciones Juan Lanzas y otra veintena de personas investigadas por las ayudas por valor de 32,3 millones de euros concedidas a la empresa Hilados y Tejidos Malagueños S.A. (Hitemasa), mediante el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y las ayudas arbitrarias.

En un auto notificado este lunes a las partes y difundido por la Oficina de Comunicación del TSJA, el magistrado aprecia presuntos delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

De este modo, el juez acuerda continuar las diligencias previas como procedimiento abreviado, como presuntos responsables penales, contra un total de 21 investigados, entre ellos el exalto cargo de la Junta referido, varios directivos y representantes de la empresa, una decena de "intrusos" y dos responsables de la mediadora Vitalia, mientras que también continúa el procedimiento contra Hitemasa y Vitalia en calidad de responsables civiles subsidiarios.

Así, figuran entre los acusados los que fueran presidentes del consejo de administración de Hitemasa Manuel M.S. y Antonio M.T., así como también los responsables de la empresa Guillermo V.M., Amparo A.L., Juan Manuel G.G. y Francisco N.D.R. También están investigados el ex miembro de UGT Juan Lanzas por sus presuntas "influencias e intermediaciones ejercidas" para conseguir los fondos públicos, la mujer de este, Patrocinio S.G.; el exdirectivo de la consultora Vitalia José Antonio Albarracín y el excomercial de tal entidad en Sevilla Jesús Bordallo.

Mientras la causa gira en torno a los 32,3 millones de euros concedidos entre los años 2000 y 2007 por la Junta a Hitemasa, principalmente para sufragar las indemnizaciones por despido y prejubilaciones de los trabajadores afectados por dos ERE promovidos por dicha empresa, la mujer de Lanzas figura como acusada por haber gozado de tales rentas pese a no estar incluida en el procedimiento o no contar con relación con la sociedad en cuestión, situación similar a los también acusados María Josefa M.E., Nieves R.P., José T.R., José G.A., Felipe C.A., Francisco A.H., Fernando P.R., Antonio L.M. y Félix C.R. Incluso el proio Lanzas habría figurado entre los beneficiarios de las rentas derivadas de los ERE de Hitemasa incentivados por la Junta, según la instrucción del caso.