El Parlamento remite a la Junta la ILP de 'mareas blancas' sobre la sanidad andaluza tras reunir las firmas requeridas

La Mesa del Parlamento de Andalucía ha acordado remitir al Consejo de Gobierno de la Junta la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), de "recuperación de los niveles de calidad del sistema sanitario público en Andalucía", promovida por la Coordinadora de Mareas Blancas de Andalucía, para que el Ejecutivo andaluz manifieste su criterio respecto a su toma en consideración.

Así se recoge en un acuerdo adoptado por la Mesa del Parlamento el pasado 1 de octubre y consultado por Europa Press tras su publicación, esta semana, en el boletín oficial de la Cámara andaluza, cuyo órgano de gobierno conoció ese día el escrito presentado por el presidente de la Junta Electoral de Andalucía "comunicando que se han cumplido los requisitos de recogida de firmas previstos en la Ley 5/1988, de 17 de octubre, de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos", respecto a dicha proposición de ley relativa a la sanidad.

"Conforme a lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento de la Cámara", la Mesa del Parlamento acordó el pasado 1 de octubre remitir dicha ILP "al Consejo de Gobierno para que manifieste su criterio respecto a la toma en consideración, así como su conformidad o no a la tramitación si implicara aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios".

El acuerdo de la Mesa del Parlamento incorpora el texto de la Iniciativa Legislativa Popular "para recuperar la calidad del sistema sanitario público andaluz", que parte de la premisa de que, "desde el año 2019" --cuando el líder del PP-A, Juanma Moreno, fue investido por primera vez como presidente de la Junta--, "se ha hecho más intenso" el "deterioro de la sanidad pública" en Andalucía.

Los promotores de la ILP sostienen que "el modelo de gestión que desde esa fecha se ha intensificado es el llamado de colaboración sanitaria público-privada, que, en la práctica, está resultando en un adelgazamiento progresivo del sector sanitario público y un crecimiento continuo del privado".

POR UNA MODIFICACIÓN DE LA LEY DE SALUD DE ANDALUCÍA

"Las decisiones privatizadoras se acumulan en este periodo", y "las listas de espera sanitarias, tanto las diagnósticas como las quirúrgicas, se han visto incrementadas de forma escandalosa", según se advierte en la exposición de motivos de esta iniciativa legislativa, que propone "una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad" mediante una serie de modificaciones de la Ley 2/1998, de Salud de Andalucía.

Se trata de modificaciones encaminadas a "poner en marcha sistemas de control social de las decisiones de la administración sobre la sanidad pública, potenciar el necesario desarrollo de los recursos propios en todos los niveles asistenciales para garantizar la accesibilidad de los ciudadanos y el correcto funcionamiento de los mismos y, por último, regular y limitar el papel excepcional, subsidiario y temporal de la concertación con el sector privado", según se avanza en la exposición de motivos.

De esta manera, la ILP consta de un artículo único, de modificación de dicha Ley de Salud de Andalucía, de forma que en dicha norma se determine que "el sistema sanitario público de Andalucía" se caracterizará por "la extensión de sus servicios a toda la población; el aseguramiento único y público y la financiación pública del sistema; el uso preferente de los recursos sanitarios públicos en la provisión de los servicios", y "la prestación de una atención integral de la salud, procurando altos niveles de calidad debidamente evaluados y controlados".

Además, entre otras cuestiones, la ILP propone que la Ley de Salud de Andalucía fije que "la red de atención primaria tendrá un dimensionamiento de personal suficiente para garantizar la asistencia sanitaria a demanda en un plazo no superior a 48 horas y en la atención programada se respete el criterio facultativo que lo designa", así como que se garantice "una atención sanitaria hospitalaria con una lista de espera inferior a 30 días para consultas, tanto primeras como sucesivas, y para intervenciones quirúrgicas inferior a 60 días".

Finalmente, el texto de la ILP sobre la que debe posicionarse ahora el Consejo de Gobierno de cara a su tramitación en el Parlamento plantea que la ley recoja que, en la sanidad andaluza, "el régimen de concierto será incompatible con la percepción de subvenciones destinadas a la financiación de las actividades o servicios que hayan sido objeto del concierto", y "la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para auditar la calidad asistencial, la equidad en el acceso y el coste económico de los servicios y centros financiados con dinero público y sometidos a gestión privada, incluyendo los servicios considerados no sanitarios".