La primera ley de la mayoría absoluta de Moreno, sin oposición

«Hoy se ha aprobado la ley de Atención Temprana de Andalucía, mañana empezamos con la segunda infancia». Antonio Guerrero, portavoz de las familias que componen la Plataforma de Atención Temprana irradiaba felicidad. Ha dedicado ocho años de su vida a pelear por que los menores de cero a seis años con trastornos en el desarrollo o riesgo de padecerlo vean «blindado» el derecho a recibir las terapias que necesitan. No ha sido el único, porque detrás de los niños y niñas hay muchas otras organizaciones, centros de atención infantil temprana y familias, pero sí ha sido quien más ha hecho para que el Parlamento andaluz tome verdadera conciencia de la obligación de regular por ley este derecho. Fue él quien en 2015 propició la aprobación de una proposición no de ley (PNL) por mayoría absoluta, con la oposición de Susana Díaz, entonces presidenta de la Junta de Andalucía. Y desde un primer momento entendió que la mejor forma de alcanzar el objetivo final era poner de acuerdo a quienes tienen el poder legislativo en la comunidad autónoma.

LA ABSTENCIÓN DE VOX

Ahí radica el enorme significado de esta ley, la primera de la legislatura de la mayoría absoluta de Juanma Moreno, aprobada sin la oposición de ninguno de los grupos del arco parlamentario y solo con la abstención de trece diputados de Vox, que esgrimieron que los menores no pueden quedarse fuera del sistema al cumplir los seis años de edad.

Obviamente, no es un ley perfecta. «Ninguna lo es», recuerda Guerrero. Pero sí es una norma fruto del diálogo y la escucha activa de los agentes sociales, entidades y políticos de distintas ideologías. Una ley que los reglamentos pueden y deben mejorar, pero que como gran objetivo reconoce el derecho subjetivo de todos los menores andaluces con trastornos en el desarrollo a recibir la atención especializada que requieren y que marca dos plazos fundamentales en su razón de ser: el menor tendrá que ser diagnosticado en menos de 30 días y la intervención tendrá que iniciarse antes de los tres meses. El compromiso, por tanto, es acabar con las listas de espera. En Andalucía hay 45.500 niños y niñas con trastornos o riesgo de padecerlo, aunque la ley presupuesta 51 millones de euros para atender a los 18.950 que oficialmente contabiliza el sistema. De ahí el compromiso de seguir incrementando la partida económica hasta los cien millones.

El proyecto de ley aprobado consta de 47 artículos distribuidos en cinco títulos, seis disposiciones adicionales, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El PP ha aceptado durante la tramitación parlamentaria 53 de las 141 enmiendas presentadas que han modificado 20 artículos del texto que fue aprobado por el Consejo de Gobierno.

En el debate final, la diputada del PP-A Beatriz Jurado reivindicó a los niños como «los verdaderos y únicos protagonistas» de la jornada junto «con sus familias», quienes «cada día durante muchos años han peleado y luchado» por este «día simbólico», en el que el Parlamento andaluz «le va a dar la razón y lo que han deseado durante mucho tiempo, que es una ley de Atención Temprana».

Por su parte, la diputada del PSOE-A María de los Ángeles Prieto celebró que, «después de varios meses mejorando el borrador inicial del proyecto de ley», los niños destinatarios del mismo «verán blindado por ley su derecho a recibir la atención que necesitan, y eso es una buena noticia», antes de apostillar que esta norma se aprueba «cuatro años después de lo que hubiéramos querido los socialistas», y que «su redacción deja fuera algunas cuestiones importantes», si bien ha justificado el voto a favor del Grupo Socialista a este proyecto después de presentar 48 enmiendas al mismo y «porque recoge en lo esencial el modelo y las bases de la atención temprana que se inició hace décadas en Andalucía». La diputada de Vox Ana María Ruiz dijo que la ley que «era una prioridad para la sociedad» aunque lamentó que «se apruebe a medias, beneficiando a unos niños sí y a otros no», ya que «se ha excluido» del «derecho» a la atención temprana de aquellos «que alcanzan la edad de seis años, cuando sabemos la necesidad de que estos niños continúen con su tratamiento». En representación de Por Andalucía, su portavoz adjunta, Esperanza Gómez, advirtió de que desde su grupo van a estar «muy pendientes de cómo se ejecuta». Por último, José Ignacio García, del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, consideró la ley como «fruto de la lucha tenaz de asociaciones, familiares, profesionales y todos los niños que han disfrutado o no de la atención temprana», cuyo trabajo ha agradecido, sin dejar de mencionar que lo peor de la ley es que deja abierto el modelo de gestión.