El PSOE-A y Por Andalucía presentan una enmienda a la totalidad a la Ley de Patrimonio

Los grupos parlamentarios Socialista y Por Andalucía han registrado sendas enmiendas de totalidad al proyecto de Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno del PP-A con las que piden su devolución al Ejecutivo andaluz al apreciar en él "graves deficiencias".

Así se recoge en la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, consultada por Europa Press, que el PSOE-A defenderá en el debate de totalidad de dicho proyecto que se sustanciará en el Pleno del Parlamento andaluz el próximo miércoles, 22 de octubre.

En su enmienda, el Grupo Socialista comienza criticando que este proyecto de ley que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 24 de septiembre "adolece de graves deficiencias desde la perspectiva del interés general, de los derechos sociales y de la función pública que debe caracterizar la gestión del patrimonio de la comunidad autónoma".

Para el PSOE-A, el "verdadero y único objetivo de esta reforma" es "crear un marco jurídico a la carta para facilitar y acelerar la venta del patrimonio público de todos los andaluces", y en esa línea sostienen que "no existe una necesidad social ni una parálisis administrativa que justifiquen una ley de 193 artículos tramitada a final de legislatura y con urgencia".

"Esta precipitación solo puede entenderse como una maniobra para hurtar a este Parlamento y a la sociedad un debate sereno y profundo sobre el modelo de gestión de lo que es de todos", se puede leer en la enmienda de totalidad del PSOE-A, en la que se agrega que la "orientación esencial" del proyecto de ley en cuestión "responde a un modelo mercantilista y economicista del patrimonio público, centrado en la optimización y explotación económica de los bienes, pero carente de un enfoque social, redistributivo y de cohesión territorial".

"El texto (del proyecto de ley) convierte los bienes públicos en simples activos financieros, subordinando su gestión a la rentabilidad económica y desdibujando su naturaleza jurídica como bienes afectos al interés general", denuncia también el PSOE-A para justificar su enmienda de totalidad a "una ley que no establece controles y cláusulas sociales firmes", con la que "se corre el riesgo de que la gestión patrimonial quede subordinada a criterios de eficiencia técnica pura, al beneficio económico o al interés inmobiliario, en detrimento del bien común".

"No estamos ante una ley de protección del patrimonio, sino ante una herramienta para 'hacer caja', convirtiendo en liquidez activos que deberían estar al servicio del interés general", denuncia también el Grupo Socialista, que en su enmienda también critica que esta iniciativa nace "sin el más mínimo consenso", y al respecto cita el Dictamen 5/2025 del Consejo Económico y Social de Andalucía (CES), donde se afirma que "los agentes económicos y sociales no han tenido ocasión de acceder a un verdadero proceso participativo dentro del diálogo social".

Al respecto, desde el PSOE-A reivindican que "una ley de esta trascendencia no puede ser una imposición ideológica", sino que "debe ser fruto de un amplio pacto social, y no de una tramitación apresurada que ignora a la sociedad civil", y defienden que su enmienda de totalidad es "una salvaguarda para que el patrimonio público siga siendo un instrumento de política social, y no un engranaje subsidiario de intereses particulares".

Para el Grupo Socialista, esta ley debería "conservar y proteger el valor patrimonial, pero también canalizar esa propiedad hacia usos sociales que satisfagan necesidades esenciales" como "vivienda, servicios sociales, salud, educación, cultura, residencias, actividades comunitarias, equipamientos ciudadanos", de forma que este proyecto "debe priorizar el uso social de los bienes públicos".

"En un contexto de desigualdad territorial, déficit de vivienda asequible y carencia de equipamientos públicos en numerosas zonas rurales y urbanas, esta ley constituye una oportunidad perdida para reforzar el Estado social andaluz y poner el patrimonio al servicio de las personas", se puede leer también en la enmienda de totalidad del Grupo Socialista, que pide que el texto del proyecto de ley "sea reformulado" sobre principios como los del "reconocimiento explícito del destino social prioritario de los bienes públicos" y la "condicionalidad social y ambiental en toda cesión, concesión o enajenación patrimonial, sometida a evaluación de impacto social, de género y territorial".

Desde el PSOE-A también reclaman a la Junta que contemple en su ley una "planificación plurianual del uso del patrimonio público, con inventario actualizado de bienes ociosos y mecanismos de reutilización obligatoria con fines sociales", así como "publicidad activa del inventario y de todas las operaciones patrimoniales", una "incorporación transversal de la perspectiva de igualdad y cohesión territorial en la gestión, planificación y destino de los bienes públicos", y una "participación efectiva de los municipios y entidades del tercer sector en la detección y aprovechamiento de bienes patrimoniales susceptibles de uso social".

"Sin esa reformulación, el texto actual consagra un modelo de gestión tecnocrático, economicista y ajeno al mandato constitucional y estatutario de servicio al interés general", concluye la enmienda de totalidad del Grupo Socialista.

POR ANDALUCÍA

Por su parte, el grupo Por Andalucía ha registrado una enmienda de totalidad a este mismo proyecto de ley que parte de la consideración de que "estamos asistiendo en estas últimas semanas a la presentación" en el Parlamento de "proyectos de ley con serios déficit en su preparación y redacción y que pretenden tramitarse por el trámite de urgencia, sin causa alguna que justifique dicha modalidad más allá de precipitar la tramitación ante la proximidad de las próximas elecciones autonómicas", apostilla el grupo de la confluencia de Podemos e IU.

De esta manera, desde Por Andalucía consideran que el texto del proyecto de ley que el miércoles afrontará su debate de totalidad está "inacabado" y "viene a confirmar la política del gobierno del Partido Popular de mal utilizar, malvender, el patrimonio de todas".

Al respecto, el grupo de Podemos e IU subraya que el patrimonio de Andalucía "es gestionado por la administración de la Junta, pero no es suyo", sino "del pueblo andaluz", y "hay que cuidar y preservar su función social, y su fin público destinado a satisfacer objetivos públicos".

La enmienda de totalidad del grupo Por Andalucía denuncia también que "la ley está plagada de una filosofía mercantilista", que pasa por entender que el patrimonio andaluz está conformado por "bienes susceptibles de vender", así como critica que esta iniciativa legislativa "omite regular la especulación".

Finalmente, otros argumentos en los que se apoya Por Andalucía para justificar su enmienda de totalidad son que este proyecto de ley "no mejora la transparencia", teniendo en cuenta que "los bienes y derechos que conforman el patrimonio de Andalucía no son de público, fácil y transparente acceso por parte de la ciudadanía", así como "no favorece la participación", de forma que "carece de herramientas e instrumentos que hagan participada la gestión del patrimonio común".