Reforma judicial: 54 millones que deberá asumir la Junta de Andalucía

«Yo invito, tú pagas». Así resumió ayer el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, las exigencias que ha impuesto el Gobierno a Andalucía para que aplique la denominada Ley Orgánica 1/2025 de eficiencia del servicio público de Justicia. Una ambiciosa norma que implicará la transformación de 695 juzgados en 85 tribunales de instancia en un periodo muy corto de tiempo. Un texto que, a juicio del consejero, nace «sin consenso y sin memoria económica». Tanto que la Administración autonómica tendrá que asumir los 54,4 millones de euros de coste que implicará su desarrollo. La ley fija un exigente calendario según el cual el 1 de julio de este año deberán estar adaptados los partidos judiciales que tengan juzgados de Primera Instancia e Instrucción y de Violencia sobre la Mujer, que en Andalucía son 70 de los 85 partidos judiciales existentes, donde trabajan cerca de 4.000 funcionarios. En una segunda fase, prevista para el 1 de octubre, el nuevo modelo deberá implantarse en los partidos judiciales que solo cuenten con juzgados de Primera Instancia, Instrucción y Violencia sobre la Mujer. En Andalucía, esto afecta a tres partidos judiciales (Fuengirola, Torremolinos y Marbella), con aproximadamente 250 trabajadores. A 31 de diciembre la reforma llegará a las capitales de provincia y grandes ciudades, afectando a un total de 5.000 profesionales.

Hasta el momento, la Junta ha tenido que asumir, sin ayuda estatal, un gasto de 4.586.204,44 euros en materia de personal. En concreto, se han destinado 498.673,79 euros a una unidad administrativa de apoyo a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública formada por funcionarios judiciales, para gestionar la nueva ley; 3.649.712,37 euros a crear nuevas plazas y complementos para los nuevos puestos específicos con nuevas funciones previstos en las relaciones de puestos de trabajo (RPT) acordadas con los sindicatos para los partidos judiciales de la fase I y 437.819,08 euros para los de la fase II, así como también para apoyo técnico y formación del personal. Y aún se desconoce el coste que supondrá la fase III, que afecta a los doce partidos judiciales más grandes, para los que se acaba de iniciar la negociación de las relaciones de puestos de trabajo.

Junto al gasto en personal, la Junta destinará 19.837.655,70 de euros a infraestructuras y equipamiento tecnológico necesario como dispositivos y licencias digitales para los tribunales de instancia (11.894.731,21 euros) y para las oficinas de justicia municipales (4.326.144,05 euros) o la adaptación del sistema de gestión procesal @driano (1.684.123,35 euros), entre otras necesidades.

En paralelo, la inclusión en la Ley Orgánica de los medios alternativos de solución de controversias (MASC) como requisito obligatorio antes de interponer una denuncia civil o mercantil, en vigor desde el 3 de abril, ha exigido ampliar en 1.156.549,12 euros el presupuesto destinado a compensar a los abogados de oficio por su asesoramiento en estas vías alternativas de solución de conflictos. Andalucía fue la primera comunidad en incluir la mediación en el sistema de Justicia Gratuita desde el 1 de enero de 2024, retribuyendo a los letrados que lograran cerrar acuerdos.

Además, la sustitución de los juzgados unipersonales por órganos colegiados requiere adaptar los espacios de las sedes judiciales, unas obras que supondrán una inversión de 20.720.319,21 euros (4.723.158,03 euros para actuaciones urgentes, 5.369.541,37 euros para eliminar barreras físicas, 10.627.619,80 euros para la integración de servicios y 8.121.203,24 euros para ubicar servicios como el SEMCA para la Mediación Civil y Mercantil).

En total, la inversión provisional que debe afrontar la Junta supera los 54,4 millones, sin tener en cuenta el coste que supondrá la fase III, así como la pérdida retributiva del personal de Justicia en Andalucía, que fue excluido de la subida salarial acordada por el Ministerio de Justicia sólo para el personal de las comunidades sin las competencias transferidas (el llamado «territorio Ministerio») por las nuevas funciones y carga de trabajo que supondrá la reforma que se implantará.

En este sentido, los sindicatos de Justicia reclamaron una subida salarial mediante el complemento general del puesto, congelado desde 2004. Sin embargo, el Gobierno aplicó la subida al complemento específico sólo para los funcionarios del «territorio Ministerio». Esta discriminación para los funcionarios de comunidades como Andalucía ha sido recurrida por la Junta a través del gabinete jurídico y a instancia de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública.

Nieto explicó que desde el 31 de enero de 1997, cuando el Gobierno andaluz recibió las competencias en Justicia a través de dos decretos de transferencia, se abordaba que «un desajuste en los costes» llevaba aparejado una «nueva ordenación de la financiación». En este sentido, se mostró convencido de que el coste de esta reforma lo debe asumir el Gobierno.