"Caso ERE"

El recurso de súplica como posible último cartucho de Griñán para evitar la cárcel

La reforma del delito de malversación puede ser otra posible vía para los condenados por el fraude de las ayudas sociolaborales en Andalucía, a la espera del indulto

El expresidente andaluz José Antonio Griñán accede a la sala de la Audiencia de Sevilla donde tiene lugar el juicio de la pieza política del caso ERE para comenzar su declaración, al rechazar el exconsejero de Empleo Antonio Fernández seguir contestando al juez.
El expresidente andaluz José Antonio Griñán accede a la sala de la Audiencia de Sevilla donde tiene lugar el juicio de la pieza política del caso ERE para comenzar su declaración, al rechazar el exconsejero de Empleo Antonio Fernández seguir contestando al juez.Raúl Caro CadenasAgencia EFE

Este sábado se cumplen tres años de la condena. Desde entonces, el vía crucis judicial ha continuado. El PSOE señaló en su día que la trama de los ERE era cosa de «cuatro golfos» pero en similar tesitura a Griñán en cuanto a la entrada en prisión se encuentran: Antonio Fernández, ex consejero de Empleo (condenado a siete años, once meses y un día de prisión); José Antonio Viera, ex consejero de Empleo (siete años y un día de prisión); Agustín Barberá, ex viceconsejero de Empleo (misma pena que Viera); Miguel Ángel Serrano, ex director general de la agencia IDEA (seis años, seis meses y un día de prisión); Jesús María Rodríguez Román, ex viceconsejero de Innovación (seis años y dos días de prisión); Francisco Vallejo Serrano, ex consejero de Innovación (siete años y un día); y Carmen Martínez Aguayo, ex consejera de Economía (seis años y dos días de prisión). Sólo ha cambiado el caso de Juan Márquez Contreras, ex director general de Trabajo (tres años de cárcel), para quien la Audiencia de Sevilla sí plantea esperar para su ingreso en la cárcel. “Su situación es distinta a la de los otros condenados, siendo la pena impuesta inferior en tres y cuatro años a la del resto, lo que unido a la carencia de antecedentes penales y a razones objetivas que determinaron una cuantitativa rebaja penológica en la sentencia dictada por el TS, entendemos que son circunstancias a tener en cuenta para que se proceda, por un tiempo prudencial de un año, a la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad mientras se tramite el indulto, transcurrido el cual sin que se haya comunicado por el Ministerio de Justicia su concesión o denegación se resolverá lo procedente”, señala la Audiencia.

La defensa del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán ya formalizó ante el Tribunal Supremo, su anunciado incidente de nulidad respecto a la sentencia de dicha instancia que desestima su recurso de casación, contra la sentencia de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que le condena a seis años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación por delitos continuados de malversación y prevaricación, por el procedimiento específico mediante el cual la Junta canalizó sus subvenciones para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias a empresas. Este incidente de nulidad solicita así anular la sentencia del Supremo o una “moderación” de las penas impuestas, pidiendo -algo que ha sido denegado hoy- en paralelo la suspensión de la resolución judicial a la espera de respuesta a las cuestiones planteadas frente a la misma, recibida el pasado día 19 por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, precisamente para comenzar su fase de ejecución. Dicho incidente de nulidad es previo al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional que también prevé la defensa de Griñán, también con la idea de solicitar mediante este instrumento la suspensión de la ejecutoriedad de la sentencia condenatoria. Ello, en un contexto en el que la familia de Griñán ha elevado al Gobierno central una petición de indulto parcial, fundamentada “expresamente en razones de humanidad y equidad”, esgrimiendo que el expresidente andaluz es “un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital” y que “tras más de 40 años al servicio público desde las más altas responsabilidades, jamás ha obtenido remuneración alguna distinta de su sueldo como funcionario”, descartando cualquier “enriquecimiento personal ni familiar”.

¿Qué puede pasar ahora? Contra el auto dictado por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla, cabe interponer recurso de súplica en el plazo de dos días. Al margen, según recoge Efe, el expresidente andaluz José Antonio Griñán solo tiene una opción para evitar entrar en la cárcel para cumplir una condena de 6 años por el caso de los ERE: el recurso de súplica, una iniciativa que su abogado tendrá que presentar en dos días una vez que la Audiencia de Sevilla ha ordenado su ingreso en prisión.

Lo previsible, continúa Efe, es que el recurso de súplica lo presenten tanto Griñán como los otros siete ex altos cargos socialistas de la Junta de Andalucía condenados a penas de cárcel en la denominada pieza política de los ERE, la que afecta al sistema de reparto de fondos públicos para empresas en crisis.

Este recurso, en principio, no supone la suspensión del plazo de diez días concedido por la Audiencia para que los penados entren en prisión, han informado a EFE fuentes judiciales. Sin embargo, lo habitual es que el tribunal resuelva el recurso de súplica antes de fijar el plazo de diez días para que los condenados decidan en qué prisión cumplir la pena, lo que la Audiencia ha decidido sin esperar a que se resuelva la petición de indulto, han añadido las mismas fuentes.

La resolución de este recurso puede tener una duración variable y las mismas fuentes han señalado que si se rechaza, como suele ser habitual, a finales de noviembre o principios de diciembre los ex altos cargos de la Junta condenados podrían entrar en la cárcel, normalmente la más cercana a sus familiares.

La vía de la reforma del Código Penal

Otra ventana que se les abre a los condenados es la de la reforma del Código Penal en relación al Procés. Según cómo se redacte, puede beneficiar tanto al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán como a los otros condenados.

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asegurado que “habrá que ver en qué términos, si se plantea, se plantea esa reforma” posible del delito de malversación, por lo que ha preferido “como jurista, en el momento y si es así, que el legislativo, que las Cortes Generales dicten o promulguen un nuevo Código Penal, pues será el momento de hacer un análisis jurídico de lo que pueda significar”.

Por su parte, el consejero andaluz de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto (PP), se ha mostrado contrario a una eventual reforma del delito de malversación como la apuntada por Unidas Podemos y que conllevaría, en su opinión, distinguir entre “malversadores de primera y malversadores de segunda”, algo con lo que se abriría “una puerta tremendamente peligrosa”. Así lo ha manifestado el consejero en unas declaraciones en la Cadena SER Andalucía, recogidas por Europa Press, al responder a la pregunta de si sería “partidario de reformar los delitos de malversación si no hay lucro personal”, como podría ser el caso del expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años y dos días de cárcel, y a 15 años y dos días de inhabilitación, por delitos continuados de malversación y prevaricación en el marco del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos.

José Antonio Nieto ha contestado que no sería partidario de dicha reforma, y ha agregado que con ella se abriría “una puerta tremendamente peligrosa”, al tiempo que ha cuestionado que no sea “delito” el que una persona no se haya llevado dinero para su propio beneficio o no se haya enriquecido ella misma pero haya “ayudado a que se enriquezcan otros malversando el dinero de todos los andaluces”.

El consejero de Justicia ha aludido al caso concreto de los ERE, y ha remarcado que en este asunto se ha enjuiciado a personas que “cogían el dinero que debía ir a los parados, a la formación de las personas que no tienen un puesto de trabajo” en Andalucía, y ha insistido en preguntar si es que “eso no es delito”.

“Me parece que quien quiera hacernos ver que eso no es corrupción está atentando contra el sentido más básico de lo que se funda una sociedad, que es creer en lo que es bueno y lo que es malo”, ha razonado el consejero, quien ha remarcado que “el dinero público tiene que gestionarse no sólo con habilidad, con agilidad y con rigor, sino haciendo que vaya donde tiene que ir, a mejorar los servicios públicos y atender las necesidades de la gente, no a financiar un partido político o a que se lo lleven para cocaína o para puticlubes, como ha ocurrido en Andalucía, y además nos digan que eso no es delito”.

El titular andaluz de Justicia ha considerado que “cualquier persona de verdad con sentido común, independientemente de su filiación política, de que sea de izquierda, de derecha o de centro, cualquier persona honesta, no puede estar de acuerdo con decir que si no se lo lleva él (el dinero), que se use en lo que sea y ya no es delito, ya no es malversación”.

“Me parece que eso no entra en la cabeza de nadie con un mínimo criterio de honestidad y de cómo tiene que gestionarse lo que es de todos”, ha incidido José Antonio Nieto.

SENTENCIA DE LOS ERE

Por otro lado, sobre las condenas por el caso de los ERE ratificadas por el Tribunal Supremo tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, el consejero de Justicia ha subrayado que en este caso “está claro, y está recogido en una amplísima sentencia, que ha habido unos delitos muy graves que tienen como consecuencia unas condenas que se tienen que cumplir, evidentemente”.

“Cuando después de ocho años se llega a la conclusión de que se ha cometido un delito, se argumenta, como se ha argumentado en la sentencia de los ERE, y se fijan unas condenas muy claras, muy nítidas, pues se hace para que se cumpla y para que no se repitan hechos como los que dan lugar a esa condena”, ha argumentado el consejero.

Preguntado por unas declaraciones del secretario Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez, este pasado lunes en las que señalaba que no es “nada excepcional” la tramitación de un posible indulto a José Antonio Griñán, el consejero José Antonio Nieto ha señalado que si él dijera que, “en cumplimiento de la ley, no sería nada extraordinario conceder el indulto a una persona condenada por un caso de corrupción que fuese del Partido Popular, sería un auténtico escándalo y todo el mundo lo consideraría como un escándalo”.

“Y a mí me parece que es un escándalo lo que está haciendo el Gobierno con la interpretación que está sacando de este caso de los ERE”, ha abundado José Antonio Nieto antes de agregar que le “sorprende” y le parece “escandaloso que el Partido Socialista andaluz todavía no haya asumido su responsabilidad en este caso”, y “que siga diciendo que las personas condenadas en esa sentencia son personas honestas”.

Frente a ello, el consejero ha preguntado “cómo van a ser honestas personas que han sido condenadas después de una larguísima instrucción y de un juicio muy largo con todas las garantías en el que se llega a unas conclusiones muy claras”.

GRIÑÁN, “UN POLÍTICO CORRUPTO”

En esa línea, José Antonio Nieto ha aseverado que Griñán “es un político corrupto porque ha amparado la corrupción, y eso queda clarísimo en la sentencia” de la conocida como ‘pieza política’ del caso de los ERE.

“Y si no creemos lo que se recoge en la sentencia, este país tiene un problema muy serio, porque estamos quebrando el valor fundamental de la justicia, que es que cuando se resuelve definitivamente un juicio y ya no es apelable, y en este caso es así, pues lo que te dice esa sentencia, te guste más o te guste menos, es la verdad jurídica”. “Y en este caso creo que lo ha dicho con una claridad rotunda”, ha remachado el consejero para concluir.