A juicio dos exdelegados provinciales, Daniel Rivera y dos sindicalistas por el ERE de Calderinox

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla tiene previsto comenzar el día 28 de este mes el juicio de la pieza de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía y las ayudas arbitrarias y sin publicidad, correspondiente a las subvenciones autonómicas concedidas a la extinta empresa sevillana Calderinox.

El juicio se dirige contra el ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Daniel Alberto Rivera, el que fuera delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, los sindicalistas de CCOO J.A.C.C. y E.M.J.G., el agente de seguros J.G.M. y el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, además ex director del Consorcio de la Escuela de Artesanos de Gelves; como "intruso" en las prejubilaciones de dicha empresa, al disfrutar de las mismas sin haber formado parte de la plantilla.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, allá por 2008 sobre la plantilla de Calderinox pesaba un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) dada la situación de concurso de acreedores de la empresa, una suspensión colectiva de empleo autorizada por Antonio Rivas como delegado provincial de la Consejería de Empleo en Sevilla.

En ese marco, según el Ministerio Público, Rivas "asumió fuera de la legalidad el compromiso de pago de ayudas con fondos públicos de la Junta" fruto de "negociaciones" con J.A.C.C. como entonces secretario de Industria de CCOO-Sevilla y E.M.J.G., entonces responsable de Acción Sindical de la Federación Minerometalúrgica de CCOO Andalucía, quienes "eran conocedores de la ilicitud del proceder".

LOS "COMPROMISOS" ADOPTADOS

Tales "compromisos" acordados con los sindicalistas se tradujeron según la Fiscalía en ayudas para paliar los atrasos e impagos de nóminas de la plantilla y ayudas sociolaborales para una póliza colectiva de rentas para la prejubilación, todo ello "al margen del procedimiento debido tanto para las ayudas a empresas como a subvenciones sociolaborales para ex trabajadores de empresas en situación de crisis".

Estos compromisos supusieron así la concesión de 612.890 euros para tales fines "sin que se llegara a acreditar el fin público de su aplicación, al margen de los mecanismos legales y con el más absoluto desprecio a otros colectivos de trabajadores" en la misma situación; en concreto 432.728,7 euros para pagos de salariados adeudados por Calderinox a 120 de sus empleados, a razón de 3.600 euros por persona; y 168.000 euros para "paliar el impago de nóminas" de 84 empleados.

La Fiscalía detalla que además, ambas partes pactaron la concesión de 898.571 euros de los fondos autonómicos para la financiación de "un plan de prejubilación" mediante una póliza colectiva de rentas para la plantilla, "contraviniendo" de lleno las leyes de Hacienda Pública de Andalucía y General de Subvenciones, "sin bases para su otorgamiento ni criterios de publicidad, concurrencia ni objetividad y sin acreditar su carácter excepcional ni resolución motivada de concesión".

YA CONDENADOS

Las resoluciones de concesión de todos estos fondos fue firmada por los que fueran directores generales de Trabajo de la Junta Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez, ambos ya condenados a cárcel por malversación en la sentencia del procedimiento específico de financiación de los ERE y las ayudas arbitrarias y el primero de ellos fallecido en octubre de 2020 víctima de una neumonía.

Dicha póliza colectiva de rentas, según la Fiscalía, fue contratada con la aseguradora La Estrella, entonces con el acusado J.G.M. como administrador único, marco en el que el inculpado Antonio Rivas, como delegado provincial de la Consejería de Empleo, instó supuestamente a este último a "introducir como beneficiario y perceptor de rentas" a alguien que jamás había trabajado en Calderinox.

Se trata del exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, quien entonces había sido cesado como director del Consorcio de la Escuela de Artesanos de Gelves, toda vez que la Fiscalía señala que J.G.M. era conocedor tanto de esta ilicitud como de la ausencia de "procedimiento" administrativo para la concesión de los fondos, mientras Rodríguez Cordobés era "conocedor" de que no le correspondían las rentas.

Los dos sindicalistas acusados, según la Fiscalía, habrían promovido de su lado, con el concurso de Antonio Rivas y J.G.M., la introducción de otro "intruso" ajeno a la empresa pero ya fallecido.

El escrito de acusación prosigue atribuyendo a Daniel Alberto Rivera, quien en abril de 2010 sucedió a Juan Márquez en la Dirección General de Trabajo, diferentes resoluciones para el pago de los fondos aludidos, "a sabiendas de que no se había tramitado expediente alguno", asumiendo la Junta un coste de 1,34 millones de euros para pagar estas ayudas sociolaborales y pagando por ello a la aseguradora La Estrella 444.980 euros, mientras el resto quedó "pendiente de realizar".

PETICIONES DE CONDENA

Dado el caso, la Fiscalía achaca a Antonio Rivas un presunto delito continuado a de prevaricación y otro delito de falsedad en documento oficial, en concurso con un supuesto delito de malversación, reclamando para él siete años de prisión y 17 de inhabilitación absoluta.

A Daniel Alberto Rivera achaca los mismos delitos, solicitando para él cinco años de prisión y cinco de inhabilitación absoluta; para E.M.J.G. cuatro años de cárcel y ocho años de inhabilitación absoluta por prevaricación en concurso con malversación, para J.A.C.C. la misma pena, para Rodríguez Cordobés un año y cuatro meses de prisión y ocho años de inhabilitación por malversación y para J.G.M. seis años de prisión y ocho años de inhabilitación absoluta por prevaricación en concurso con malversación.

Tiempo atrás, recordémoslo, la abogada defensora de Rivera lamentaba en el juicio por otra pieza separada de los ERE que, tras su exclusión de la pieza principal del "procedimiento específico", Daniel Alberto Rivera afronte su inculpación en unas 50 piezas separadas correspondientes a las ayudas en cuestión financiadas con cargo a dicho mecanismo de financiación, con peticiones de pena de una media de seis años de cárcel, lo que suma a unas solicitudes de condena que llegan a unos 300 años de prisión.