La solución de Adelante Andalucía al problema de la vivienda: una expropiación masiva de 640.000 pisos

Una expropiación masiva que no afecte a los propietarios de segundas viviendas. La solución al problema de la falta de vivienda de Adelante Andalucía, el partido nacionalista andaluz de izquierdas fundado por Teresa Rodríguez, es que el Gobierno autonómico se quede con los pisos de bancos y fondos de inversión. "No hablamos de segundas viviendas de nadie, sino de viviendas vacías que tienen bancos que se dedican a especular", ha asegurado el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

Esta idea la plasmará el partido en una proposición de ley de derecho al acceso a la vivienda que presentará en el Parlamento autonómico.

A juicio de García, "las medidas que hasta ahora han adoptado PP y PSOE "no han conseguido solucionar uno de los problemas que más agobian a los andaluces, porque no tienen acceso a la vivienda, a poder pagar una hipoteca, a un alquiler y a no poder llegar a fin de mes, porque la vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo".

Adelante Andalucía trata siempre de aportar ideas que se diferencien del Gobierno central y del autonómico para buscar su espacio político. En este sentido, la expropiación no es la única medida que proponen. También incluyen una limitación de los precios de alquiler pero no como la ha aprobado por el Gobierno de España, que pone el foco en zonas tensionadas.

Su intención es que el precio del alquiler esté "ligado a la renta familiar", y que se establezca un máximo, es decir, que "ninguna casa podría valer más del 20% de la renta media de las familias de cada barrio".

La escasez de vivienda es un hecho en Andalucía, tal y como ocurre en el conjunto de España. Según diversos estudios, el sector inmobiliario andaluz necesita incorporar al mercado más de 50.500 viviendas al año hasta 2027, cifra que supone el 18% del total de viviendas que precisa el conjunto del país.

El pasado mes de febrero, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía un decreto-ley que flexibiliza medidas urbanísticas para impulsar la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos años. Entre otras cuestiones, contempla la ampliación de la oferta de suelo para vivienda protegida, mediante cambios de uso, densidad y edificabilidad en parcelas aptas para la edificación y que no requieren de obras urbanización. Así, se permitirá que los solares o edificios con uso como alojamiento turístico u oficinas se destinen a viviendas protegidas. Además, se podrá aumentar la densidad de viviendas y edificabilidad en las parcelas residenciales si hay compromiso de que sean protegidas.