Así se desangra la Guardia Civil en Canarias: menos efectivos, más violencia y desigualdad salarial

La asociación profesional Jucil, mayoritaria en la Guardia Civil, ha denunciado este viernes la “insuficiencia de efectivos y el progresivo envejecimiento” de las plantillas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. La organización reclama a la Dirección General del cuerpo y al Ministerio del Interior una respuesta inmediata ante una situación que, advierte, “pone en riesgo la seguridad ciudadana y las condiciones laborales de los agentes”.

El delegado provincial de Jucil, Alfredo García Rebé, explicó que el principal desafío en la provincia es “atender un territorio muy amplio con recursos humanos cada vez más limitados”. A su juicio, el déficit de personal y la edad media elevada de los guardias dificultan la respuesta ante emergencias y el mantenimiento de la presencia policial en zonas rurales o insulares.

Reivindicaciones

Dentro de su programa electoral para el Consejo de la Guardia Civil, la asociación exige equiparación salarial con las policías autonómicas, la implantación del turno 6x6 -similar al que aplica la Policía Nacional- y condiciones de jubilación equivalentes a las de otros cuerpos policiales. También pide el reconocimiento de la profesión de riesgo, una medida que permitiría acceder a mejoras en cotización y derechos laborales.

García Rebé recuerda que un agente de la Guardia Civil “cobra 8.251 euros menos al año que un mosso d’esquadra y hasta 12.000 euros menos que un ertzaina”, pese a desempeñar tareas de idéntica naturaleza. “Es una deuda histórica que cualquier gobierno tiene pendiente con la Benemérita”, subraya. Además, denuncia que los guardias deben retirarse hasta seis años más tarde que sus homólogos autonómicos, “perdiendo poder adquisitivo y calidad de vida”.

Déficits de infraestructuras y material operativo

Jucil lamenta que el Grupo de Reserva y Seguridad número 8 (GRS) continúe sin base fija tras abandonar el aeropuerto de Tenerife Norte, lo que reduce la capacidad de reacción ante incidentes. También advierte de la ausencia de Destacamentos de Tráfico permanentes en La Gomera y El Hierro, que solo reciben apoyo desde Tenerife durante seis días al mes -o de forma continua en julio y agosto-. La asociación respalda la propuesta presentada en el Senado para establecer una unidad de tráfico en cada isla.

A ello se suma la falta de turnos estables y los problemas de acceso a la vivienda, con precios de alquiler “abusivos” que desincentivan la cobertura de vacantes. En materia de medios, el sindicato denuncia el deterioro del parque móvi, con motos con más de diez años de servicio, vehículos antiguos y la carencia de coches con mampara, lo que obliga a trasladar detenidos en patrullas convencionales.

Aumento de agresiones y nuevas amenazas

El representante provincial alerta además de un repunte de agresiones y atentados contra agentes, relacionado con la menor presencia de patrullas en la calle. Por ello, Jucil reclama que todos los miembros del cuerpo dispongan de pistolas táser para mejorar la autoprotección durante las intervenciones.

La llegada constante de pateras y el crecimiento del narcotráfico en el litoral tinerfeño agravan la situación. “Las entradas son casi diarias y, junto al aumento del tráfico de drogas, generan una saturación de servicios con muy pocos recursos disponibles”, advierte García Rebé.

"Necesitamos un gobierno que respalde a la autoridad de la Guardia Civil"

La asociación también solicita un mayor apoyo institucional ante lo que considera un deterioro del principio de autoridad. “El respaldo jurídico y político a los guardias es insuficiente. Algo no funciona cuando una asociación profesional debe defender más al cuerpo que sus propios superiores jerárquicos”, lamenta García Rebé.

Jucil sostiene que urge un compromiso político firme “que refuerce el papel de la Guardia Civil en todo el territorio nacional, garantice la seguridad de los ciudadanos y dignifique la labor de quienes la ejercen”.