Canarias remite al Estado los primeros expedientes de menores migrantes no acompañados para su derivación a la Península

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias ha dado el primer paso real para aliviar la saturación de los centros de acogida en las islas y ya ha enviado al Estado los expedientes de menores migrantes no acompañados, con el fin de activar el mecanismo de redistribución hacia la Península. Sin embargo, la maquinaria estatal sigue anclada en un bucle de lentitud y falta de directrices claras.

Según informó el Ejecutivo regional, los documentos ya han sido remitidos a las Subdelegaciones de Gobierno en aplicación del Real Decreto Ley que modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería, junto a los decretos posteriores que establecen un reparto obligatorio entre comunidades autónomas. La consejera del área, Candelaria Delgado, subrayó que Canarias “ha empezado a cumplir”, mientras reclama al Estado que mueva ficha para que antes de marzo los más de 2.000 menores que superan la capacidad del Archipiélago puedan estar acogidos en la Península.

La crítica es evidente, ya que mientras las islas operan como un sistema que procesa datos sensibles y prepara expedientes “paquete a paquete”, el Gobierno central actúa como un servidor caído. Delgado reconoció que la transmisión de información está plagada de fallos técnicos por la falta de recursos adecuados, un escenario que recuerda más a una red informática colapsada que a un Estado que presume de solidaridad y eficacia.

La consejera también denunció la ausencia de instrucciones oficiales por parte de las Subdelegaciones de Gobierno, pese a que el Ministerio de Juventud e Infancia asegura mantener coordinación constante con Canarias. El contraste es revelador: Madrid abre procesos, aprueba decretos y genera titulares, pero cuando llega el momento de ejecutar, deja a las islas atascadas en un vacío administrativo.

El marco legal aprobado este verano ha sido claro tras la declaración de contingencia migratoria, el Estado debe activar el mecanismo de redistribución en un plazo máximo de 15 días para las nuevas llegadas y garantizar la reubicación de los menores antes del 18 de marzo. La fecha límite está marcada en rojo, pero la sensación en Canarias es que la cuenta atrás avanza mientras en Madrid se pierden en un laberinto de ventanillas y circulares. “Las Islas seguirán trabajando con rigor y responsabilidad”, dijo Delgado, pero reclamó al Ejecutivo central instrucciones concretas “para que la ley se cumpla en los plazos previstos”.