Clavijo duda de que los 8.698 pisos turísticos ilegales en Canarias pasen al alquiler residencial

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este lunes sus dudas sobre que los 8.698 pisos turísticos que el Gobierno central considera “ilegales” en el Archipiélago vayan a incorporarse de forma directa al mercado de alquiler de larga duración. El nacionalista calificó de “adecuada” la medida del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU), que ayer domingo pidió a las plataformas digitales retirar esos anuncios por carecer de los requisitos exigidos por ley, pero subrayó que el efecto inmediato en la oferta residencial será limitado.

El MIVAU explicó que se trata de alojamientos que solicitaron el número de registro obligatorio a partir del 1 de julio, pero no lo obtuvieron por incumplir la normativa, por lo que constan como revocados y no deberían comercializarse.

Clavijo recordó que la Ley canaria de ordenación del uso turístico de viviendas, actualmente en tramitación parlamentaria, refuerza el control a las plataformas con un régimen sancionador que impedirá anunciar viviendas vacacionales sin todos los permisos y autorizaciones. El texto fija nuevas obligaciones tanto para los titulares como para las comercializadoras, al tiempo que da margen a cabildos y ayuntamientos para establecer límites, cupos y condiciones urbanísticas.

Las estadísticas del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) revelan que en julio de 2025 había registradas 45.562 viviendas vacacionales disponibles, lo que supone un incremento del 2,4 por ciento respecto al mismo mes del año anterior. Otras fuentes nacionales sitúan el parque turístico en cifras que oscilan entre las 50.000 y las 65.000 unidades, según la metodología empleada, un volumen que afecta directamente a los precios del alquiler en unas islas donde los salarios se mantienen por debajo de la media estatal.

La iniciativa del Ministerio para retirar los anuncios llega tras meses de debate sobre el fraude en el registro estatal y autonómico, y coincide con un repunte de altas y ofertas en vísperas de la nueva regulación.

Aunque la retirada de los 8.698 anuncios supone un paso en la fiscalización, la experiencia en otras ciudades y la opinión de especialistas sugieren que este tipo de medidas no garantiza que las viviendas se vuelquen de inmediato al alquiler permanente. Algunas podrían intentar regularizarse, permanecer cerradas, destinarse a alquiler de temporada o incluso venderse. El Gobierno canario insiste en que solo una combinación de control, planeamiento local y refuerzo de la oferta pública podrá aliviar la presión sobre el mercado residencial.