Gran Canaria, sacudida por una red que explotaba sexualmente a menores tuteladas: 34 víctimas y nuevos registros policiales

Las autoridades canarias mantienen abierta una investigación que ha puesto en el punto de mira a una supuesta organización dedicada a captar a adolescentes tuteladas o en situación de vulnerabilidad en las islas para explotarlas sexualmente. La investigación, dirigida por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Gran Canaria junto al Cuerpo General de la Policía Canaria, continúa activa con nuevas actuaciones y la recopilación de pruebas relacionadas también con un presunto tráfico de drogas.

El operativo, bautizado como 'Íncubo', toma su nombre del mito medieval que describe a una criatura masculina que abusa de mujeres mientras duermen. Un simbolismo que los agentes eligieron por la naturaleza del caso, en el que las víctimas eran jóvenes sin redes de apoyo y en muchos casos bajo tutela pública.

Cómo comenzó la investigación

El origen de la operación se remonta a enero de 2025, cuando una intervención policial en Gran Canaria culminó con cuatro arrestos por delitos contra la libertad sexual de menores. Dos de los sospechosos permanecen en prisión provisional desde entonces. Los agentes continuaron las pesquisas en los meses siguientes y, en junio, practicaron cinco nuevas detenciones. Aunque los implicados quedaron en libertad tras declarar ante el juez, uno de ellos fue arrestado de nuevo en octubre al hallarse en su teléfono material de carácter delictivo relacionado con menores.

Durante las primeras actuaciones se registraron varias propiedades y trasteros situados en los municipios de Santa Lucía de Tirajana, Agüimes, Telde y la capital grancanaria. De esas intervenciones salieron vehículos incautados, dinero en efectivo, drogas y dispositivos electrónicos que aún están siendo analizados. También se recuperaron restos biológicos que podrían ser clave para vincular a los implicados con las víctimas.

En octubre, los agentes regresaron a dos domicilios vinculados a uno de los principales investigados, donde encontraron nuevos indicios que reforzarían las sospechas de explotación sexual.

El método de captación

Fuentes próximas a la investigación citadas por Canarias7 indican que los sospechosos se acercaban a menores tuteladas en residencias o incluso en centros educativos. Tras ganarse su confianza, las introducían en entornos donde las coaccionaban para mantener relaciones a cambio de dinero. Una de las declaraciones recogidas en el sumario refleja el nivel de control que ejercían sobre ellas: "Primero tengo que probarte antes de presentarte a otros clientes", habría dicho uno de los implicados.

Hasta el momento, los investigadores han identificado a 34 víctimas, aunque no se descarta que la cifra pueda aumentar conforme avancen los análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos.

Varios de los principales acusados cuentan con antecedentes por delitos sexuales y algunos figuran también en el llamado caso 18 Lovas, que investiga la corrupción de menores tuteladas en el archipiélago. Las coincidencias entre ambas causas ha llevado a los investigadores a cruzar información para determinar si existe un vínculo directo entre ambas tramas.

El operativo ha implicado a distintas unidades especializadas del Cuerpo General de la Policía Canaria. Entre ellas, la Oficina de la Policía Judicial, la Unidad de Prevención y Respuesta con su equipo canino, el Grupo Operativo de Apoyo y la Unidad de Seguridad Ciudadana. La actuación se ha llevado a cabo con total discreción para proteger la identidad de las víctimas y evitar filtraciones que puedan obstaculizar la causa.

La instrucción continúa bajo secreto de sumario. El juzgado mantiene abiertas varias líneas de investigación centradas en determinar si los sospechosos actuaban de forma organizada y si existían más personas implicadas en la red. Los peritajes sobre los móviles y el material informático decomisado se consideran fundamentales para esclarecer la magnitud del delito y las conexiones entre los implicados.