Protocolo canario para menores migrantes: el Constitucional estudiará la próxima semana si admite el recurso del Gobierno central contra esta medida

El Tribunal Constitucional (TC) analizará en su Pleno de la próxima semana si admite el recurso presentado por el Gobierno contra el protocolo de menores migrantes aprobado por el Ejecutivo canario, actualmente suspendido de forma cautelar por orden del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), según ha informado el mismo.

El recurso presentado por Moncloa se enfoca específicamente en el Acuerdo del Gobierno de Canarias del 2 de septiembre, relativo a los menores extranjeros no acompañados, así como en la resolución de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias del 10 de septiembre, que establece el protocolo territorial para la recepción de menores migrantes no acompañados en Canarias.

El tribunal de garantías revisará la admisibilidad del recurso de Moncloa basándose en una ponencia elaborada por el magistrado conservador Ricardo Enríquez. El ministro Ángel Víctor Torres anunció el 24 de septiembre que el Gobierno decidió llevar el protocolo canario al TC, luego de que el Consejo de Estado concluyera que "existen fundamentos jurídicos suficientes" para impugnarlo.

Torres destacó que, según ese dictamen, hay un conflicto de competencias, ya que, aunque las comunidades autónomas pueden aprobar sus protocolos territoriales, "no pueden introducir requisitos no previstos en la normativa estatal para la recepción de los menores extranjeros no acompañados".

El Consejo de Estado también indicó que "las dificultades que pudieran existir en la identificación y determinación de edad” de estos inmigrantes, así como “la insuficiencia o saturación de los medios autonómicos disponibles para atenderlos", no son razones que "permitan justificar un eventual rechazo de la comunidad autónoma a la recepción de los menores localizados en su territorio ni demorar la atención inmediata que los mismos puedan requerir".

Es importante recordar que este tema ya está en litigio en la jurisdicción ordinaria debido a una denuncia de la Fiscalía. El pasado lunes, el TSJ de Canarias decidió no levantar la suspensión cautelar del protocolo en cuestión, desestimando las alegaciones del Gobierno canario.