Los delincuentes actúan principalmente en municipios pequeños con alta población envejecida, aprovechando el desconocimiento sobre los protocolos de revisión. Se presentan como técnicos sin identificación válida, insisten en la "urgencia" de su intervención y en muchos casos acceden a viviendas donde posteriormente sustraen objetos de valor o exigen pagos en efectivo por trabajos nunca realizados.

Peligro para los más vulnerables

La OCU alerta que estas estafas se concentran especialmente en zonas rurales de Guadalajara afectadas por la despoblación. Las víctimas suelen ser personas mayores que viven solas y desconocen que las revisiones oficiales de gas butano deben realizarse cada cinco años a petición del usuario, nunca sin aviso previo.

La organización recuerda que en el caso del gas canalizado, las distribuidoras siempre notifican por escrito la visita y facturan el servicio posteriormente. "Nunca debe pagarse en efectivo a un técnico que llega sin avisar", insisten desde la OCU, que ha recibido múltiples denuncias por importes cobrados fraudulentamente que superan los 300 euros.

Ante la proliferación de estos casos, la OCU recomienda verificar siempre la identificación de los técnicos, solicitar factura detallada por cualquier servicio y denunciar inmediatamente cualquier intento de estafa. Las autoridades ya han sido alertadas sobre este patrón delictivo que explota la vulnerabilidad de los mayores en entornos rurales.