Las ayudas de formación a desempleados se evaluarán para mejorar su eficacia

El vicepresidente de la Junta se muestra «del lado de los parados» tras el informe que cataloga a sindicados y patronal como «juez y parte» en la elaboración de las bases reguladoras de estos planes

Igea destaca que la Constitución es "la garante del sistema de libertades" en el que viven los españoles
El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, participa en una jornada sobre la Constitución en el IES Alejandría del municipio vallisoletano de Tordesillas JCYL

Los planes de formación para desempleados siguen trayendo cola. Tras conocerse el informe de la Inspección General de Servicios de la Administración, en el que se pide la revisión de las bases reguladoras de las ayudas vinculadas a la orientación de este colectivo por la participación de los agentes sociales en las mismas, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se posicionó ayer «del lado de los parados» para conseguir su máxima inserción laboral.

Una tensa reunión el jueves pasado entre el Ejecutivo autonómico, los sindicatos y la patronal caldeó el ambiente, lo que hizo que el secretario general de CCOO, Vicente Andrés, negara la participación de la entidad que representa en esas bases y calificara de «planteamientos desafortunados» los del estudio.

Por ello, Igea recomendó a los agentes sociales leer las conclusiones, «que el Ejecutivo va a cumplir», porque «el informe es excelente y dice lo que dice».

Asimismo, consideró que los participantes en el Diálogo Social van a estar de acuerdo en que las ayudas para la formación a desempleados «sean eficaces, se evalúen y prime la libre concurrencia en su concesión», por lo que aseguró que el cambio en las nuevas bases «no tiene retorno».

Respecto a si el proceso seguido hasta ahora era legal o no, prefirió no pronunciarse ni adelantarse en un asunto que está en los tribunales con los que la Junta, dijo, va a colaborar «al cien por cien» tras una denuncia planteada por empresas supuestamente perjudicadas por esa falta de libre competencia.

Además, consideró «muy adecuada» la aseveración del consejero de Empleo, Germán Barrios, de que los agentes sociales «no pueden ser juez y parte» en un proceso en el que después, de manera indirecta, son receptores de estas subvenciones a los cursos formativos.

Finalmente, manifestó que se van a seguir diseñando las políticas del Diálogo Social con los sindicatos y patronal, pero precisó que no serán redactores de las normas porque es una «potestad de la Administración».