Se intervendrá de oficio ante posibles casos de violencia de género en los que no haya denuncia

Gobierno y Junta firman un nuevo protocolo de actuación conjunta que refuerza también el intercambio de información, la atención y protección a las víctimas, y especialmente a los menores

En lo que llevamos de año, la gran mayoría de las 36 mujeres que han sido asesinadas en España por sus parejas o ex parejas, concretamente el 83,3 por ciento, no habían denunciado previamente a sus agresores. Además, tres menores de edad también han perdido la vida este 2020 -37 en los últimos siete años- víctimas también de la violencia en el hogar.

Estas dos cuestiones son las que se pretende dar respuesta con el nuevo protocolo de actuación conjunta que han firmado este viernes la Delegación del Gobierno en Castilla y León y el Gobierno autonómico a través de la Consejería de Familia e Igualdad, con el que se abre la posibilidad a una intervención de oficio en aquellos casos en los que no exista denuncia previa ni orden de protección por malos tratos en el hogar pero se haya detectado la necesidad de una atención, actuación o medida de protección por el riesgo alto existente, ya sea por parte de la Unidad de Violencia sobre la Mujer del Gobierno existente en cada provincia o por los servicios sociales de la Junta o la Red de Unidades de Igualdad de las entidades locales que la Junta va a poner en marcha.

Respecto a la actuación con los casos que afecten a menores de edad, el protocolo que acaban de rubricar el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, y la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, será especialmente vigilante optimizando los recursos y la atención inmediata y especializada a las mujeres, sus madres principalmente, de quienes dependen.

El convenio, además, refuerza el intercambio de información entre las dos administraciones y los distintos servicios que tienen en marcha para estar más y mejor coordinados a la hora de prevenir, atender y proteger a las mujeres y menores que estén siendo víctimas de malos tratos en su domicilio o fuera de él y cuyas vidas puedan estar en riesgo.

Hacia un sistema de protección más seguro

“Se trata de un protocolo minucioso, en el que se recogen los contactos de todos los servicios que están implicados contra esta lacra social de los Gobiernos central y regional, y que intentará garantizar un sistema de protección seguro, implacable, que extreme las precauciones y evite que las estadísticas de víctimas sigan aumentando”, destacaba Javier Izquierdo, mientras explicaba que el Gobierno de España se compromete en virtud de este acuerdo a velar por la seguridad de las víctimas usuarias de la red de Atención a las Víctimas de Violencia de Género, sobre todo cuando se producen ingresos, traslados o salidas en dichos centros. También proporcionará información a los profesionales de los servicios sociales de la Consejería de Familia ante agresiones graves, fallecimientos o casos de riesgo elevado, y colaborará en la formación continua de los profesionales implicados en esta lucha.

“Reforzamos los mecanismos de coordinación para atender y proteger a las víctimas de malos tratos y consolidamos el compromiso existente en esta batalla”, apuntaba, por su parte, la consejera Isabel Blanco, quien ponía en valor el impulso que se da a la intervención de oficio ante casos de alto riesgo o extremo y de especial vulnerabilidad de la víctima.

Además de la creación de la Red de Unidades de Igualdad en ayuntamientos y diputaciones, la Consejería de Familia se compromete igualmente a facilitar información a precisa a la Delegación del Gobierno sobre ingresos, traslados y salidas de víctimas de los centros de la red de atención de la Junta así como de casos de riesgo alto y extremo que puedan detectar los servicios sociales o las policías locales.