Igea: «Para repoblar debemos avanzar en la oferta de oportunidades»

El vicepresidente de la Junta y portavoz, Francisco Igea, presidía ayer la primera reunión del Consejo de Políticas Demográficas de Castilla y León que tiene como objetivo analizar, proponer y ejecutar medidas encaminadas a fijar población y atraer habitantes a una Comunidad que sigue desangrándose desde hace décadas.

De hecho, en los últimos datos provisionales facilitados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al primer semestre de 2020, se revela que nuestra Región ha perdido en estoe tiempo 10.000 habitantes.

«Los datos son muy tozudos» admite Igea, para quien la repoblación de la Comunidad pasa por reorientar las políticas demográficas. «Es necesario dar un paso más en la oferta de oportunidades y promover una mayor sensibilización hacia los valores y posibilidades del medio rural», destacaba el también consejero de Transparencia, Ordenación Territorial y Acción Exterior.

Igea aseguraba que todo esto quedará reflejado en la futura ley de Dinamización Demográfica en la que está trabajando el Gobierno autonómico y para la que pide la implicación de todos, ya sea de los partidos políticos, de los agentes económicos y sociales y de la sociedad civil en su conjunto. De hecho, recordaba que el pasado 4 de febrero concluyó, con una treintena de aportaciones, la consulta pública previa abierta en el espacio de participación de Gobierno Abierto para la elaboración del anteproyecto de Ley.

Una norma que, entre otras cuestiones, pretende incorporar también la perspectiva demográfica en el diseño y desarrollo de todas las políticas públicas para que contribuyan a fijar, integrar, incrementar y atraer población, garantizando la igualdad de acuerdo con la ordenación territorial en el acceso a los servicios básicos y las oportunidades de todos los ciudadanos con independencia del lugar en el que habiten.

El vicepresidente llama también fomentar la colaboración público-privada en proyectos de dinamización demográfica, así como a promover la participación pública en la elaboración, realización y seguimiento de planes y actuaciones que tengan como reto fijar o atraer población.

De momento, cabe destacar la aportación de la Asociación Jóvenes por Castilla y León que ha elaborado un informe en el que propone la inclusión en la futura ley de un Instituto de Dinamización Demográfico y Desarrollo Territorial que vele por el cumplimiento de la norma y sus objetivos. También piden que se fomente la contratación pública social y ambientalmente responsable, el refuerzo de políticas de transparencia y rendición de cuentas, o avanzar en los planes de Castilla y León para la lucha contra la despoblación. Asimismo plantean potenciar los sectores estratégicos como el agroalimentario, además de impulsar el farmacéutico-biotecnológico-sanitario, el logístico, el turismo y la economía rural. Se incide, además, en diversificar la estructura productiva para penetrar en mercados punteros como el sector TIC o la industria renovable.

Finalmente, cabe recordar que el pasado año finalizó la Agenda para la Población 2010(2020 e Igea avanzaba que una vez que concluya la evaluación de esta estrategia, comparecerá en las Cortes de castilla y León para informar a los grupos parlamentarios de la misma y analizar y valorar con ellos su contenido y resultados.

Fondos europeos

Castilla y León está trabajando también junto con Castilla-la Mancha y Aragón, regiones con las que ha hecho piña, para intentar captar más fondo europeos ligados a la despoblación. Estas tres regiones de la España autonómica a las que pertenecen Cuenca, Terual y Soria, las más afectadas por la despoblación, apelan al sabio refranero popular que dice que la unión hace la fuerza, y tienen suscrito un documento de colaboración por el que se declaran zonas desfavorecidas a estas provincias para que puedan acceder a las bonificaciones en las ayudas europeas y tengan una consideración especial en el futuro mapa de ayudas regionales de la Unión Europea además de ventajas fiscales como la reducción de hasta un 20 por ciento de la cuota de la Seguridad Social.