Junta y campo hacen piña por la ganadería extensiva

El campo de Castilla y León está que trina con la intención del Gobierno de España de incluir al lobo ibérico en el listado de las especies protegidas lo que impediría su caza en toda España, y especialmente al norte del Duero, donde hay establecidos unos cupos para controlar la población.

Pero, además, está en contra también de que se puedan utilizar los fondos de la Política Agrícola Común (PAC) para pagar la compensación por los daños.

Así se ponía de manifiesto durante la reunión del Consejo Agrario de Castilla y León, en el que participan la Junta y las organizaciones profesionales agrarias con mayor implantación, que fijaban una posición común para pedir a los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico y de Agricultura, Pesca y Alimentación para una respuesta que proteja la actividad ganadera frente al lobo.

De hecho, los sindicatos del campo trasladaron la necesidad de establecer un sistema de control de esta especie en Castilla y León y las Comunidades Autónomas del Cantábrico, que asegure la permanencia de las explotaciones ganaderas extensivas.

Por otro lado, también se presentó al Consejo Agrario el decreto que regulará los mercados de productos agrarios en origen y las mesas de precios de Castilla y León.

Una medida importante por la información sobre los precios y las transacciones que se realizan, y porque con la puesta se podrán proporcionar análisis históricos y facilitar tendencias de mercado.

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, presidía este encuentro ya que el responsable de Agricultura, Jesús Julio Carnero, sigue ingresado por covid. Una reunión en la que también participaba el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para explicar la reunión con la ministra Teresa Ribera.