Minería

Juzgan a Victorino Alonso por un delito contra el medio ambiente por la explotación a cielo abierto Nueva Julia en Cabrillanes

La Fiscalía solicita ocho años de prisión y la restauración completa del daño ecológico y medioambiental ocasionado

El empresario minero Victorino Alonso
El empresario minero Victorino Alonsolarazon

La Audiencia Provincial de León sentará mañana y pasado en el banquillo de los acusados al empresario minero Victorino Alonso para juzgarle por un delito contra el medio ambiente por la explotación minera de carbón a cielo abierto mediante la construcción de una cantera en los parajes conocidos como Nueva Julia y La Mora, situados en el término municipal de Cabrillanes.

En concreto, Alonso se sentará en calidad de presidente, gerente, accionista mayoritario y administrador de la sociedad Minero Siderúrgica de Ponferrada y su sucesora Coto Minero Cantábrico y estará acompañado por el que fuera jefe de la explotación minera hasta el año 2010.

Según el escrito de acusación elaborado por la Fiscalía del Área de Ponferrada, la actividad de MSP y CMC en la zona de Nueva Julia-La Mora se desarrollaba “de manera plenamente consciente y deliberada, sin tener en cuenta las disposiciones de la Declaración de Impacto Ambiental en vigor”, a lo que se sumó la utilización de terrenos del Ayuntamiento de Villablino “sin contar con autorización legal ni licencia”.

La Fiscalía sostiene que, una vez abandonada la explotación y liquidada concursalmente la CMC, “no se ha llevado a cabo actividad alguna de restauración ambiental en todo el conjunto de la mina a cielo abierto, ni en zonas de uso autorizado para la extracción ni en zonas de restauración ni en zonas fuera de uso de la explotación”, haciendo además “caso omiso a las disposiciones legales y normativas medioambientales existentes en la materia”.

En este sentido, el escrito sostiene que la actividad desarrollada por MSP y su sucesora CMS en la zona “ha provocado una afectación gravísima para el medio ambiente y el entorno natural” en “ecosistemas fluviales y captaciones de agua, hábitats de interés comunitario y fauna”.

Unos hechos constituyentes, para la Fiscalía, de “un delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente” por el que solicita ocho años de prisión, 30 meses de multa con una cuota diaria de 25 euros y la inhabilitación especial para el ejercicio de labores en la administración, dirección o gerencia de cualquier empresa de extracción o tratamiento de minerales por un tiempo de seis años y nueve meses.

Asimismo, se deberá proceder a la restauración completa del daño ecológico y medioambiental ocasionado por MSP y CMC en la cantera que explotaban en la zona de Nueva Julia-La Mora conforme a los correspondientes proyectos de restauración integral de la zona a elaborar por la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León”.