Medio millar de bomberos “arden” frente a las Cortes ante la gestión en los incendios

La Plataforma de Bomberos Profesionales de Castilla y León, las asociaciones de profesionales del operativo contra incendios forestales y los sindicatos UGT y CCOO han pedido este miércoles la dimisión del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, durante la protesta que han llevado a cabo a las puertas de las Cortes regionales, donde se estaba celebrando la segunda jornada de la sesión plenaria de esta semana.

Alrededor de quinientos bomberos, ataviados con sus uniformes de faena, cascos y palas de extinción han hecho sentir su malestar en la explanada que hay ante el Parlamento autonómico con botes de humo amarillo, bocinas y con pancartas, justo después de que, dentro del hemiciclo, el PP, Cs y Vox rechazaran una iniciativa del PSOE para mejorar el operativo y sus condiciones laborales.

Para estos colectivos, en reciente incendio declarado en la provincia de Ávila, con más de 22.000 hectáreas arrasadas por las llamas -el más extenso de la historia autonómica y el mayor de los declarados en España este año-, debe de hacer replantearse la forma en que la Junta de Castilla y León aplica sus políticas de prevención y extinción de incendios.

”El incendio de Ávila ha sido la gota que ha colmado el vaso”, ha lamentado el presidente de la Plataforma de Bomberos Profesionales, José Ignacio García, en declaraciones recogidas por Efe, para quien Castilla y León es la comunidad que peor prestación del servicio de prevención y extinción de incendios forestales tiene de toda España, cuando cuenta con un terreno forestal de cinco millones de hectáreas, la mayor de todo el país, equivalente al 52 por ciento de su superficie.

“Un incendio de un vehículo que debería de haber quedado en un conato se convirtió en el peor incendio del año y de los peores de España en los últimos años porque no hay coordinación ni medios”, denunciaba, tras criticar la escasez de medios y que la Junta “subcontrate” la práctica totalidad de sus competencias en la prestación del servicio entre multitud de empresas “que escatiman en la calidad del servicio, prevención de riesgos e incumpliendo reiteradamente el marco de derecho laboral”.

”La mayor parte del operativo trabaja sólo los meses estivales, con la subsecuente pérdida de profesionalización, que conllevaría “el arraigo de población al medio rural”, advertía García, para quien el reconocimiento y profesionalización de la figura de bombero forestal ayudaría a fijar población en los pueblos.

“Poner en marcha un servicio autonómico de bomberos forestales supondría una inversión de unos 34 millones de euros a financiar entre la Junta y las diputaciones provinciales; lo mismo que cuesta mantener un año el Parlamento autonómico”, decía.